- Grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT rechazaron que se busque militarizar al país.
- Bancadas del PRI, PAN, MC y PRD, aseguran que fracasó estrategia contra el crimen.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 28 de Septiembre del 2024.-Por mayoría de votos, con 54 a favor y 20 en contra, el Congreso mexiquense aprobó la minuta proyecto de decreto del Senado de la República por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política federal para que la Guardia Nacional quede bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de manera permanente, iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Tras la lectura del documento, a cargo del
legislador Carlos Alberto López Imm del PVEM, diputados de los grupos
parlamentarios de MORENA, PVEM y PT, que votaron a favor, rechazaron que
implique la militarización del país; mientras que, del PRI, PAN, MC y PRD, que
se manifestaron en contra, acusaron que la estrategia contra la inseguridad de
este sexenio federal fracasó y pidieron fortalecer a las policías locales y
civiles.
El diputado Octavio Martínez Vargas de MORENA
invitó a conocer la reforma, ya que no implica la militarización y plantea la
profesionalización de los 120 mil elementos, el carácter civil de quien estará
al frente; el requisito que, para ser presidente de la República, no podrá ser
un mando en funciones de la Guardia, y que todo integrante atenderá solamente
lo establecido en la Constitución y leyes que lo regulan.
Al enfatizar que en el Congreso mexiquense no
se vota por consigna, sino por amor al pueblo, el parlamentario Israel
Espíndola López del PVEM, pidió escuchar a la población, pues en el país la
Guardia Nacional tiene un nivel de confianza de 77%, y en el estado, de 82%, lo
cual la legitima; y aseveró que garantizar la seguridad requiere de un
compromiso a largo plazo, por lo que elogió la permanencia de la estrategia que
implementó AMLO.
El congresista Ernesto Santillán Ramírez del
PT se expresó a favor de devolver la paz y la seguridad a las familias;
enfatizó que la reforma fortalece la seguridad pública; y recalcó que las
fuerzas armadas han dejado de ser un aparato de retención en contra del pueblo
y que se han transformado para pacificar el país, por lo que no habrá daños
colaterales.
El legislador Eduardo
Zarzosa Sánchez del PRI, señaló que es un paso fallido porque el ejército no es
para esta función, ni otras que se le han delegado; reconoció avances del
gobierno federal, pero dijo que en seguridad queda a deber; afirmó que este
sexenio es el más sangriento con 190 mil homicidios dolosos y territorios
ocupados por criminales; pidió fortalecer las policías municipales para
combatir la inseguridad, y expuso que, por su presupuesto, la Guardia gasta
hasta 15 millones de pesos por una detención.
Al asegurar que la inseguridad no reconoce
colores partidistas, el diputado Roberto Anuar Azar Figueroa del PAN, recriminó
que el presidente AMLO fracasó en su estrategia de seguridad, con la cual,
reconoció, también falló el expresidente Felipe Calderón Hinojosa; recordó que
su partido dio un voto de confianza a la creación de la Guardia, pero que no se
ha cumplido con su mando civil ni con su temporalidad; y propuso etiquetar
recursos para la capacitación y equipamiento de policías municipales.
Por MC, su coordinador, el congresista Juan
Manuel Zepeda Hernández consideró que la estrategia de seguridad que impera
desde hace 18 años no ha dado los resultados que la ciudadanía merece; y afirmó
que las fuerzas castrenses no merecen la asignación de esta función, porque
sólo se exponen al repudio de la población, como sucedió con los casos de
Ayotzinapa y Tlatlaya; y se pronunció por un mando civil y desde lo local.
El parlamentario Omar Ortega Álvarez,
coordinador del PRD, lamentó la militarización de la seguridad pública porque
es el último paso a un gobierno autoritario; apuntó que no se fortalece los
cuerpos policíacos, sino que consolida el poder militar en México, y añadió que
organismos de derechos humanos llamaron al Congreso de la Unión a abandonar ese
enfoque de militarización en la seguridad pública.
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