- Diputadas y diputados de MORENA, PVEM y PT se
pronunciaron a favor de la iniciativa del legislador Carlos Martínez para
eliminar el “estupro” y reclasificarlo como violación equiparada con sanciones
de hasta 30 años de prisión.
- La bancada del PAN señaló que eliminar la figura de “estupro”
(abuso sexual que comete una persona adulta en contra de una menor de edad),
sin un remplazo efectivo, equivale a dejar un vacío de protección.
El Escarlata
Cámara
de Diputados, Edoméx- 07 de Mayo del 2025.- Congresistas de MORENA, PVEM y PT de la LXII Legislatura mexiquense se
pronunciaron por la eliminación de la figura de “estupro” del marco normativo
(abuso sexual que comete una persona adulta en contra de una menor de edad) y
su reclasificación como violencia equiparada, para incrementar sanciones y
establecer hasta 30 años de prisión y una multa de hasta 282 mil 850 pesos a
quienes ejerzan violencia sexual contra menores, conforme a la iniciativa del
legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena).
Lo anterior permitirá el fortalecimiento de
la protección de la infancia frente a delitos sexuales, mediante el
endurecimiento de penas y la eliminación de vacíos legales que han permitido
que personas agresoras encuentren escapatorias; además de generar condiciones
como una atención inmediata y sin revictimización de las niñas, niños y
adolescentes afectados por estas conductas.
En este sentido, diputadas y diputadas
integrantes de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera
Infancia acordaron invitar a personas servidoras públicas de los poderes
Ejecutivo y Judicial, así como de la Fiscalía General de Justicia de la
entidad, para enriquecer el análisis de la iniciativa.
El diputado Carlos Martínez indicó que,
además de otorgarle un papel protagónico a la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia estatal, el objetivo de su propuesta es “cerrar las puertas a la
impunidad y abrir paso a la justicia”.
También de morena, la
legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza resaltó que se trata de un
proyecto transversal, al tiempo que pidió escuchar la opinión de la procuraduría
y favorecer la coordinación entre autoridades.
El parlamentario Octavio Martínez Vargas
señaló un déficit de personal médico legista en los ministerios públicos, por
lo que propuso una reforma complementaria para resolver esta situación.
Planteamiento que secundó el legislador Héctor Karim Carvallo Delfín, quien
señaló que a veces se maltrata a las víctimas por la carga de trabajo o por
premura. Sugirió un foro sobre delitos en contra de las infancias, para
alcanzar un mayor análisis de la legislación penal, a efecto de combatir
eficazmente este problema.
De la bancada del PVEM, la diputada Alejandra
Figueroa Adame alertó que en la entidad se registran casi dos denuncias diarias
por violencia sexual en contra de menores, por lo cual reconoció el enfoque
integral de la iniciativa para atender esta problemática.
En tanto, la
legisladora Miriam Silva Mata afirmó que la niñez tiene derecho a un entorno
seguro, libre de violencia, sin discriminación, sin ninguna forma de abuso y
negligencia. Además, solicitó revisar el tema presupuestal.
Tras reconocer la iniciativa, la
parlamentaria Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) sugirió evitar la ambigüedad en la
redacción relacionada con la coacción, intimidación, hostigamiento, exigencia o
engaño para la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o
contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica, para
especificar que sea mediante "medios escritos, electrónicos o de
mensajería” y no sólo como “cualquier otro medio”.
Por el PAN, la diputada Emma Laura Álvarez
Villavicencio refirió que la intención de la figura del ‘estupro’ es proteger a
menores de personas adultas que se aprovechan para conseguir consentimiento
viciado para tener relaciones sexuales, por lo que eliminarla, sin un remplazo efectivo,
equivale a dejar un vacío de protección para cientos de casos que no encajan en
los criterios de violación, pero que sí constituyen violencia sexual y abuso de
poder.
Finalmente, la congresista
Ruth Salinas Reyes (MC) planteó la presencia de personas servidoras públicas en
una próxima reunión para conocer los vacíos legislativos y poder prevenir,
atender y erradicar estas conductas.
Además del Código Penal, la iniciativa
incluye reformas a la Ley de Víctimas, al Código Administrativo y a la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México.
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