Legisladores proponen crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Edomex

El objetivo es que los mexiquenses puedan reclamar una indemnización cuando hayan sido afectados en sus bienes o derechos a causa de la actividad administrativa irregular.

Toluca, Edo. Méx.- 28 de Octubre- A través de la iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México, se busca que los mexiquenses puedan reclamar una indemnización cuando hayan sido afectados en sus bienes o derechos a causa de la actividad administrativa irregular del Estado.

La propuesta presentada por el diputado Enrique Vargas del Villar (PAN) establece un procedimiento específico para hacer efectiva la reclamación de una indemnización, debido a la actividad administrativa irregular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los Municipios y los organismos públicos autónomos, que cause daño a la persona, bienes o derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar dicho daño.

Establece la forma en que debe presentarse la demanda, sus requisitos, los casos de excepción para el pago de indemnizaciones, la forma de calcular el monto de las mismas, haciendo acopio de herramientas como el Derecho Comparado y de la Jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

Remitido a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen, el documento precisa que toda indemnización que haya sido determinada por autoridad administrativa o jurisdiccional que excedan la disponibilidad presupuestal de los sujetos obligados, correspondiente a un ejercicio fiscal, deberá ser cubierta en el siguiente ejercicio fiscal.

Además, plantea que, cuando se acredite la concurrencia de varios sujetos obligados, el pago de la indemnización se distribuirá proporcionalmente entre todos los causantes del daño demandado, conforme su respectiva responsabilidad.

Prevé un sistema de medios de impugnación, de tal manera que las resoluciones de la autoridad que nieguen la indemnización o resulten desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, podrán impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

De ser aprobada por el Pleno, obligaría a la autoridad representada por sus servidores públicos a prestar un servicio con eficiencia y proteger a los ciudadanos de la actividad irregular de las autoridades, mediante un orden legal que frene y castigue el abuso en el ejercicio del derecho a pedir indemnización con multas y defiende a las autoridades y sus servidores públicos, cuando el daño sea por causa imprevisible o ajena a la voluntad de los sujetos obligados.