- El Dr. Jesús Sánchez Isidoro planteó que la violencia obstétrica es una forma de inequidad de género y de violación al derecho a la protección de la salud como garantía social.
Toluca,
Edoméx.-
15 de septiembre del
2016- La
violencia obstétrica es una de las principales razones por la que
muchas mujeres evitan acceder a atención de especialistas
y es que la discriminación del cual son objetos es más común de lo
que parece en el estado de México, por esta razón el diputado
del GPPRD, Jesús Sánchez Isidoro presentó ante el pleno de la
“LIX” Legislatura mexiquense su iniciativa con proyecto de
decreto que plantea dar Promoción, orientación y vigilancia de la
violencia obstétrica con el objetivo de erradicarla de los servicios
de salud que proporciona el estado en materia de salubridad.
Jesús
Sánchez Isidoro planteó que la violencia obstétrica es una forma
de inequidad de género y de violación al derecho a la protección
de la salud como garantía social, muchas veces ignorada en el Estado
de México. Asimismo, subrayó que la violencia obstétrica se define
como cualquier acción que enferma los procesos reproductivos
naturales y biológicos, puntualizando que se expresan mediante un
trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud,
relacionadas con todo el procedimiento que conlleva un embarazo;
mencionó además que abarca desde el período de gestación hasta el
posparto, por lo que afecta de manera directa o indirecta, el cuerpo
y los procesos reproductivos de las mujeres.
Por
lo anterior, el legislador perredista planteó oportunamente que la
violencia obstétrica no se trata de meros problemas de “calidad de
la atención” sino de violaciones de derechos básicos de las
mujeres en el marco de los servicios de salud, subrayando que se
manifiesta en no atender oportuna y eficazmente las emergencias
obstétricas; obligar a la mujer a parir en posición tendida y con
las piernas levantadas, cuando están presentes los medios necesarios
para la realización del parto vertical; obstaculizar el apego precoz
del niño con su madre, sin causa médica justificada, negándole la
posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente al nacer;
alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso
de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento
voluntario, expreso e informado de la mujer; y practicar el parto por
vía de cesárea, cuando haya condiciones para el parto natural, sin
obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la
mujer.
Así
pues el diputado perredista hizo un exhorto a los diferentes
integrantes de las fracciones parlamentarias para apoyar la
iniciativa y llevar a cabo esta adhesión al Código Administrativo
del estado de México a efecto de proteger los derechos de la mujer
en materia de salud.
El
legislador señaló: "Muchas personas son discriminadas no sólo
por causa de las asimetrías económicas o de educación en relación
con los profesionales de la salud, sino también por su pertenencia a
diferentes etnias y grupos culturales. Si bien estos obstáculos
relacionados con las distancias de los establecimientos formales de
salud, los costos monetarios y el miedo a la discriminación llevan a
que algunas mujeres y sus familias no busquen atención obstétrica
profesional, también procedimientos médicos percibidos por las
mujeres como violentos: los tactos vaginales, la aplicación de
enemas y las episiotomía desalientan la elección de partos
institucionales."
La
presente iniciativa considera que de existir la violencia obstétrica,
al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años
de prisión y de 30 a 150 días de multa; así mismo la destitución
del cargo e inhabilitación de 2 a 8 años para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos.
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