- Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca se encuentran entre los municipios con más ilícitos cometidos por adolescentes.
Toluca, Edoméx.- 21 de febrero del 2019-
Al resaltar que
desde la 60 Legislatura mexiquense se fortalecerá la normatividad para
contribuir a solucionar los problemas a los que se enfrenta la juventud, el
diputado Sergio García Sosa (PT), presidente de la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, llamó a las instituciones involucradas a redoblar
esfuerzos en la prevención del delito y reducir los indicadores.
“Es
por ello que ponemos a su disposición todo aquello que se refiera a la materia
de legislar para ayudar a las instancias que tratan los problemas juveniles en
nuestro estado”, agregó Sergio García, durante la segunda sesión ordinaria de
la Comisión de Justicia de Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de México, celebrada en el
Palacio Legislativo.
Al
señalar que Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca se encuentran entre
los municipios con más ilícitos cometidos por adolescentes, subrayó que la
justicia para ellos reclama alternativas puntuales, que no deben ser dictadas
para castigar a un ciudadano más, sino tener en cuenta que la juventud es el
futuro de la sociedad y que se necesita una reinserción real y efectiva en el
sistema de justicia penal.
La
legisladora Violeta Nova Gómez (MORENA) expresó que la 60 Legislatura tiene las
puertas abiertas para el diálogo y la coordinación de trabajos con las
instituciones encargadas de velar por el bienestar de las niñas, niños y
adolescentes, y desde ahí fortalecer el marco jurídico correspondiente, además
de coadyuvar para que existan suficientes procuradores para la Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes en los municipios.
Del
PAN, la diputada Ingrid Krasopany Schemelensky Castro dijo que este tipo de
reuniones enriquecen los trabajos legislativos y manifestó su interés por las
causas que motivan a un menor a delinquir y su posible involucramiento en casos
de trata de personas y narcomenudeo.
El
magistrado Héctor Pichardo Aranza, coordinador de la Comisión de Justicia de
Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral del Estado de México, reconoció la apertura de la Junta de
Coordinación Política, y de la
Legislatura
en su conjunto, para trabajar en las modificaciones normativas que mejoren el
funcionamiento de las dependencias y fortalecer la procuración y administración
de justicia para este sector.
Agregó
que se debe apostar por una justicia para adolescentes más humana, basada en la
prevención y no solo en la sanción, e indicó que se deben fortalecer las
políticas públicas para evitar la captación de adolescentes por el
narcotráfico, que deriva posteriormente en su participación en delitos contra
la salud, secuestro, violación, homicidio y lesiones.
Ofelia
Esperanza Cruz Montañez, fiscal especializada en materia de delitos cometidos
por adolescentes, explicó que los municipios con más de estos ilícitos son los
que tienen una mayor población en este rango de edad, la cual puede compararse
con las poblaciones totales de estados como Campeche y Tlaxcala.
En
representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, David Ángel Reza Cortés
señaló que para fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes, la
institución lleva a cabo acciones de prevención social del delito, escuela
segura, educación vial y ferias escolares, y subrayó la necesidad de capacitar
a los policías para mejorar su labor.
Del
Instituto de Defensoría Pública, la directora, Hilda Nely Servín Moreno,
expresó que esa dependencia debe fortalecerse con más defensores, peritos y
trabajadores sociales, y subrayó oportuno reformar el cuerpo normativo de
acuerdo con el sistema de justicia penal.
De
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Cristel Yunuen
Pozas Serrano reconoció que el Estado de México es de las pocas entidades que
en su legislación incluye a estas procuradurías a nivel municipal.
Mayra
Azucena Molina Villalobos, de la Defensoría Especializada para Víctimas y
Ofendidos del Delito, señaló que, de acuerdo con la organización México Evalúa,
la entidad requiere un mínimo de 600 asesores jurídicos, pero actualmente
cuenta con 105, que son insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que
solicitó el apoyo de los legisladores en materia presupuestal.
Silvia
Cuevas Gómez, en representación de la Dirección de Reinserción Social y
Tratamiento de Adolescentes, explicó que existen 23 Preceptorías Juveniles
Regionales de Reintegración Social, un albergue y un centro de internamiento
para adolescentes, y recalcó la falta de personal que enfrentan la mayoría de
las instituciones.
Por
su parte, Fredi Hinojosa, de la dirección general del Centro Estatal de Medidas
Cautelares pidió el apoyo de los diputados para la creación de una subdirección
especializada en adolescentes.
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