- El nuevo ordenamiento incorpora la paridad de género en la carrera judicial y en la designación de las y los magistrados y jueces.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx.- 14 de Septiembre del 2022- El Congreso del Estado de México expidió la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que busca garantizar el acceso a una justicia transparente, expedita e ininterrumpida, incorpora la paridad de género en la designación de las y los magistrados y jueces, regula el uso de herramientas tecnológicas y medios electrónicos o digitales para la tramitación de juicios en línea, además de que elimina costos por traslados, impresión y fotocopiado.
Al
exponer el dictamen, el diputado Gerardo Ulloa Pérez de MORENA, explicó que el
nuevo ordenamiento fue impulsado por el presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, e incluye la propuesta para incorporar
la paridad de género, presentada por la diputada Trinidad Franco Arpero del PT,
así como aportaciones de las y los legisladores locales mexiquenses.
De
acuerdo con el dictamen, la Ley Orgánica del Poder Judicial (PJEM) no se
actualizaba en los últimos 30 años por lo que era indispensable adecuarla a la
realidad estatal, nacional e internacional en concordancia con las demandas y
exigencias sociales.
Entre
sus innovaciones, posibilita la tramitación de juicios en línea, facilita la
resolución de controversias, la consulta electrónica de expedientes judiciales,
la presentación de promociones y la notificación de acuerdos y resoluciones.
Prevé
la creación, fusión, extinción y transformación de algunos órganos
jurisdiccionales, favorece la implementación de políticas para la equidad de
género, la incorporación del sistema de precedentes en la creación de criterios
jurisprudenciales y la consolidación de los tribunales laborales.
El
nuevo ordenamiento regula la firma electrónica avanzada para llevar a cabo
juicios en línea, la facultad del presidente del TSJEM para desahogar opiniones
consultivas en materia de Amnistía, lineamientos para la mediación privada y
para el desarrollo de cursos de formación para el cargo de magistradas, a fin
de favorecer la equidad y paridad de género en la designación de las
magistraturas.
También
establece la creación de la Coordinación de Parentalidad, como un figura a
través de la cual se puedan resolver los conflictos familiares, entre
ascendientes, niñas, niños y adolescentes, que se han vuelto de difícil
solución a través de métodos convencionales, como terapia familiar y/o
mediación, además de que regula la prestación de servicio social, prácticas
profesionales y meritorias, y la consolidación de la carrera judicial.
También
prevé la realización de una consulta con pueblos originarios sobre la creación
de la Sala de Asuntos Indígenas, con el propósito de avanzar en la
administración de justicia que tome en cuenta la perspectiva, usos y costumbres
de cada etnia.
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