- El
órgano electoral advierte entre sus argumentos que la Reforma afecta su
autonomía y la capacidad de operatividad constitucionales
Nacionales
Reporte Escarlata
Ciudad de México.- 1 de Marzo del 2023- Ocho días después de que el Senado de la República aprobara el polémico Plan B de Reforma Electoral, este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la primera parte de esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que esta medida afecta su autonomía y la capacidad de operatividad constitucionales.
“Producen
una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo,
le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido
obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134
constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la
contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda
gubernamental tienen una importante incidencia".
De acuerdo con los listados, el órgano autónomo también admitió a trámite la controversia constitucional en contra de las reformas a la LGCS y la LGRA que presentó el municipio de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre.
En este caso, el primero de un paquete de 125 controversias presentadas por gobiernos municipales y estatales del PRI y el PAN, se resolvió no otorgar la suspensión que el ayuntamiento solicitó, para invalidar las reformas hasta que se resuelva de manera definitiva.
El
martes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova consideró que la Corte
será el último garante de la democracia y un dique para el Plan B que pretende
destazar al Instituto.
Agregó
que se quiere debilitar a la autoridad electoral y ejemplificó con lo que
sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Además,
al tomar protesta a dos nuevas funcionarias de juntas locales, el presidente
del INE, Lorenzo Córdova exaltó el trabajo que realiza el Servicio Profesional
Electoral y ventiló su confianza en que éste, a pesar de que el Plan B busca su
eliminación, no será desmantelado” porque prevalecerá, dijo, el orden
constitucional vigente.
El pasado 1 de febrero, el Instituto Nacional
Electoral presentó ante la Máxima Corte del país la demanda de controversia
constitucional en contra del decreto con el que se reformaron las leyes General
de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, publicado
el 27 de diciembre de 2022.
La primera parte de la Reforma Electoral B
incluye entre diversas disposiciones, la Ley General de Comunicación Social y
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales quedaron
suspendidas desde la semana pasada por orden del ministro Pérez Dayán.
Frente a los reclamos desde Palacio Nacional y
partidos afines a la 4T, luego de que la semana pasada el ministro Pérez Dayán
otorgó la suspensión en contra de estas reformas al admitir a trámite las
acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y
legisladores de oposición, dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara
de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de
Gobernación presenten su contestación.
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