- Las comisiones legislativas del Congreso mexiquense analizan tres iniciativas y un punto de acuerdo para agravar penas y mejorar las estrategias para atender a víctimas y combatir este delito.
El Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 22 de Mayo del 2025.- Ante el aumento de denuncias por despojo de inmuebles, en el Congreso mexiquense se analizan tres iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de MORENA y MC para agravar penas, y un punto de acuerdo del PRI.
En comisiones, diputadas, diputade y
diputados han coincidido en la urgencia de proteger los bienes patrimoniales de
la población.
Al respecto, el parlamentario José
Francisco Vázquez Rodríguez de MORENA, presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LXII Legislatura mexiquense, señaló que ya trabajan en
propuestas que fortalezcan los mecanismos legales de defensa de la propiedad y
advirtió la necesidad de que la ciudadanía tenga sus papeles en regla para que
pueda denunciar esos ilícitos.
También recordó que el despojo ya está
tipificado en el Código Penal (con penas de uno a cinco años de prisión y de 30
a 125 días multa), pero que, ante el incremento en el número de casos, es
necesario mejorar el marco legal y facilitar que se denuncie y se sancione.
Las iniciativas sobre este tema,
añadió el también coordinador de la bancada de MORENA, podrían analizarse en un
periodo extraordinario, pues hay consenso, entre la mayoría de los grupos
parlamentarios, en que este tema es prioritario.
Sobre las propuestas que se encuentran
en análisis, cabe señalar que el diputado Octavio Martínez Vargas de MORENA,
propuso que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de
los cinco a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona
adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras,
forzando de puertas o a través de intimidación.
Asimismo, cuando el despojo sea
clandestino, aprovechando la ausencia de la persona poseedora o propietaria
legítima; con engaños o abuso de confianza; o bien cuando se haga uso ilegítimo
de la fuerza pública (sin orden judicial válida o con documentos apócrifos).
Adicionalmente, contempla acelerar los procedimientos judiciales para la
restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad
del inmueble.
También de la bancada de MORENA, el
legislador José Miguel Gutiérrez Morales planteó elevar el despojo a delito
grave y sancionarlo sin importar si el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en disputa. Las sanciones serían de hasta 17 años de
cárcel y 678 mil 840 pesos (seis mil unidades de medida de actualización) en el
caso de quienes dirijan la invasión y de las personas autoras intelectuales.
Propone ampliar los supuestos
jurídicos en este delito, reconociendo, además de los vigentes, el desvío o uso
de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley no lo permita, el uso de
una persona del derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, así como
ejercer actos de dominio que lesionen un derecho legítimo de la persona usuaria
de dichas aguas.
De la bancada de MC, la legisladora
Ruth Salinas Reyes formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días
multa a la persona responsable de este delito, considerando agravantes como en
el caso de que se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la
vivienda o a la explotación agrícola, por parte de personas adultas mayores,
mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.
La parlamentaria indicó que su
propuesta también considera que estas sanciones sean para las personas
servidoras públicas por autoría o participación que instiguen a la ocupación
del inmueble y cuando el despojo se realice por dos o más personas. Así como elevar
las sanciones cuando se trate de un predio que por decreto del Ejecutivo
estatal haya sido declarado área natural protegida.
En materia de puntos de acuerdo, la
diputada Lilia Urbina Salazar del PRI, solicitó que el Congreso exhorte a la
Secretaría de Seguridad estatal para implementar una estrategia
interinstitucional, con acciones conjuntas entre los gobiernos federal y
municipales, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, a fin de
prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, con especial atención
en el Valle de México.
Explicó que la estrategia debe
considerar la implementación de medidas preventivas, a través de campañas
informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia y atención
prioritaria a reportes; capacitación continua a policías estatales y
municipales, para la correcta identificación del delito y la oportuna
canalización de denuncias, además de la creación de una unidad especializada de
la Fiscalía, dotada de personal capacitado para la atención inmediata y profesional
de las denuncias, así como para la adecuada integración y judicialización de
las carpetas de investigación.
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