- Durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) ha centrado sus esfuerzos legislativos en la protección de menores de edad.
El Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 25 de Julio del 2025.- En lo que va del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense (que inició el 5 de septiembre de 2024), el Grupo Parlamentario del PAN ha centrado su agenda legislativa en la protección de niñas, niños y adolescentes. Por ello, logró la aprobación para incorporar en la legislación estatal los principios de mínima intervención y no revictimización de menores en los juicios en los que sean parte.
La bancada panista, coordinada por el
diputado Pablo Fernández de Cevallos González, también obtuvo la aprobación, en
comisiones, de la iniciativa que establece hasta 10 años con 8 meses de prisión
y la pérdida de la patria potestad a quien cometa el delito de violencia
vicaria, así como hasta 8 años de prisión a las personas servidoras públicas
que contribuyan a este delito, además de su destitución e inhabilitación por un
periodo de seis a 10 años para desempeñar otro cargo público.
Además, se encuentran en análisis distintas
iniciativas en esta materia, como la que busca combatir el “matrimonio y
concubinato” de menores de edad, con sanciones de ocho a 15 años de prisión y
de mil a 4 mil días multa, que podrán incrementarse si el delito se comete con
violencia o contra personas menores de edad con alguna discapacidad, o que
pertenezcan a una comunidad indígena o afromexicana.
Igualmente, se plantean medidas para
garantizar la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes;
prevenir y sancionar conductas de abuso, acoso y violencia en entornos
deportivos, recreativos y educativos; instituir que la política gubernamental
establezca y coordine una red estatal de centros de atención para niñas, niños
y adolescentes en situación de calle, que les brinden atención médica,
alimentación, deporte, recreación y faciliten su reincorporación al sistema
educativo.
Se propone también que, cuando el padre se
apodere de su hija o hijo (desde recién nacidos hasta los tres años de edad)
sin la existencia de un juicio de guarda y custodia, el Ministerio Público
tenga la facultad de reintegrar a las y los menores al cuidado de la madre,
bajo el principio de estar en etapa lactante.
Otras propuestas buscan que el Estado
garantice los derechos de la niñez y la adolescencia a no ser privados de la
vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados, actos
violentos o en la comisión de delitos; prohibir en escuelas de educación básica
y media superior el uso de celulares y dispositivos electrónicos con fines
distintos a los educativos; imponer de cinco a 10 años de prisión a quienes
hostiguen o acosen a menores por internet y redes sociales; así como penas de
ocho a 15 años por crear y difundir información falsa generada con inteligencia
artificial.
También se propone que toda persona mayor de
edad tenga derecho al acceso libre a redes sociales, y que los menores de edad
lo hagan bajo supervisión de una persona adulta; establecer el acceso gratuito
al transporte público colectivo para estudiantes de educación básica, media
superior y superior que acrediten la falta de recursos para costear el
servicio; y garantizar el desarrollo integral de las juventudes mediante su
participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas que atiendan
sus necesidades.
Asimismo, se busca crear la Ley de Protección
al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna; garantizar ayuda monetaria y
atención médica a niñas y adolescentes gestantes para que puedan continuar sus
estudios; imponer cinco años de cárcel al padre que no participe en los gastos
del embarazo; y admitir el procedimiento sumario de pensión alimenticia en caso
de enfermedad de hijas e hijos.
De igual forma se propone
reconocer la legítima defensa con perspectiva de género, garantizando que
ninguna mujer sea criminalizada por defender su vida o la de sus hijas o hijos;
así como que el Estado garantice la instalación y mantenimiento de refugios
adecuados y suficientes para mujeres víctimas de violencia y sus descendientes.
Por otro lado, destaca la aprobación a esta
bancada de la reforma que garantiza el derecho de las comunidades a participar
en la restauración y protección de los ecosistemas. Con esta medida, el Estado
promoverá la creación de azoteas y áreas verdes para mejorar la imagen urbana,
modificar los microclimas y reducir los contaminantes atmosféricos.
Entre otras iniciativas en estudio, destacan
las que proponen crear la Academia de Mercado Digital Mexiquense; que las
autoridades estatales y municipales promuevan la vinculación de bares y centros
nocturnos al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5)
para inhibir conductas delictivas; así como sanciones de hasta 20 años de
prisión o mil 333 días de multa a quien cometa abuso sexual utilizando drogas
para anular la voluntad de la víctima.
Sumado a ello, se analiza la creación de la
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra los
Animales Domésticos; destinar el cinco por ciento de la recaudación del
servicio de agua a infraestructura hídrica para la captación de agua pluvial; y
permitir la continuación voluntaria en el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, tras la baja laboral de personas servidoras
públicas, para conservar sus servicios de salud.
Finalmente, en materia de puntos de acuerdo,
la bancada logró la aprobación de un exhorto para implementar una estrategia de
recepción y reintegración de personas retornadas, con la participación de
dependencias gubernamentales, municipios y autoridades federales, ante las
políticas migratorias del gobierno estadounidense.
Otros puntos de acuerdo en
análisis buscan generar una agenda que fortalezca la economía social y
solidaria; implementar acciones que promuevan mecanismos para una sociedad más
justa e incluyente; programas de capacitación para la fabricación de sillas de
ruedas, prótesis y bastones, con el fin de generar empleo y garantizar el
acceso a estos apoyos funcionales; implementar un plan de trabajo que satisfaga
las necesidades nutricionales de los recién nacidos y prematuros; convenir el
financiamiento de adeudos por servicio eléctrico de las escuelas públicas; y
poner en marcha, en los municipios, el Programa Municipal de Acción ante el
Cambio Climático.
Este balance abarca del 5 de septiembre de
2024 (inicio de funciones de la LXII Legislatura mexiquense) al 18 de julio de
2025.
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