- Con la aprobación de la iniciativa se ejecutarán penas de prisión, multas o destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación hasta por cinco años.
Reporte/Escarlata
Toluca,
Edoméx.- 10 de agosto del 2017-
Ante el
pleno del congreso mexiquense, el diputado del GPPRD, J. Eleazar Centeno Ortiz
presentó su iniciativa por la que plantea la reforma a diversos artículos del
Código Penal del Estado de México, a efecto de sancionar a los Servidores
Públicos que otorguen concesiones se transporte, sin el cumplimiento de los requisitos
legales.
En tal tenor, el
legislador del sol azteca refirió que el panorama del transporte público en el
Estado, no solo es un problema de movilidad o seguridad, ya que trae consigo,
problemas ambientales, problemas se salud, de estrés entre los propios
usuarios, de empleo informal respecto a los choferes y problemas viales, mismos
que el desarrollo de la infraestructura y el transporte colectivo de calidad,
solucionarían.
El legislador asentó la
necesidad de complementar el marco normativo que actualmente regula el
transporte público de pasajeros en el Estado de México, a través del
fortalecimiento de las políticas públicas en la materia, privilegiando la
coordinación entre autoridades estatales y municipales en todas aquellas
acciones gubernamentales.
“Las empresas
concesionarias, no regulan al personal a cargo de las unidades, no ofrecen
capacitación ni estándares de buena operación. Además es preciso recalcar que
el Estado de México presenta el mayor índice de feminicidios y de acoso sexual
hacia mujeres en el transporte colectivo de pasajeros. Y a pesar de las cifras,
carece de un transporte rosa amplio que corra por las principales vialidades de
la Entidad” manifestó.
Por lo expuesto, el
perredista habló de los registros de robos con violencia a bordo de las
unidades, mismos que aseguró, dejan detrimentos, materiales y humanos,
puntualizando que la seguridad a bordo de las unidades es responsabilidad del
gobierno del Estado de México, mismo que subrayó no se ha podido cubrir al
transporte, con cámaras de seguridad y botones de pánico.
En tal sentido,
mencionó que es indispensable fortalecer la legislación en materia de
transporte público de pasajeros, toda vez que es una de las principales causas
de ilícitos relacionados con este rubro en el Estado de México, puntualizando
que circulan miles de unidades irregulares de transporte público, donde al no
haber control sobre ellas, se expone a la población a ser víctimas de alguna
conducta ilícita.
“Es necesario tener
presente que todas las empresas que ofrecen el servicio de transporte público
de pasajeros son concesionarias o permisionarias, es decir, que el Gobierno del
Estado de México, no cuenta con una empresa centralizada que ofrezca el
servicio, de ahí la escasez del mismo, que se rige por las leyes del mercado.
Es un negocio más, no un servicio que busque satisfacer las necesidades de
movilidad de los usuarios mexiquenses. No es administrado por el gobierno, ni
ofrece precios subsidiados, tampoco existe seguridad social para los
trabajadores del transporte” recalcó.
Por lo expuesto, y a
razón de que el servidor público que de cualquier forma intervenga en el
otorgamiento de una concesión, permiso o autorización, para la prestación del
servicio de transporte público de pasajeros, sin que se cumpla con los
requisitos establecidos por la ley, se le impondrá de cuatro a diez años de
prisión, multa de trescientos a ochocientas unidades de medida, así como la
destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación hasta por cinco años.
Dado lo anterior y tras
su presentación ante el pleno, la iniciativa fue remitida a comisiones para su
análisis y discusión.
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