- Actualmente solo se cuenta con 407 defensores para todo el Estado de México, señaló la Legisladora Elizabeth Millán.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 23 de septiembre del 2020- La diputada María Elizabeth Millán García del GPMORENA, propuso a la 60 Legislatura incrementar el número de defensoras y defensores públicos de oficio y establecer su profesionalización, así como crear unidades para este propósito y con fines de vigilancia que permitan el adecuado desempeño de sus funciones, mediante una reforma a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.
En
sesión plenaria presidida por la diputada Karina Labastida Sotelo del GPMORENA,
la legisladora expuso que cada día cientos de mexiquenses requieren de
representación y asesoría jurídica, muchos de los cuales no cuentan con los
recursos para pagarla, lo que justifica la obligación del Estado de
garantizarles defensoría legal a través del Instituto referido.
No
obstante, -agregó- problemas como un excesivo número de procesos activos a
cargo de cada defensora o defensor público y un número insuficiente de estos, así
como la reducida cantidad de peritos, médicos y médicas legistas y demás
profesionales que auxilien con sus conocimientos técnicos, impide que la
defensa se brinde de manera adecuada e integral.
La
iniciativa dispone que el Instituto cuente con una Unidad de Profesionalización
y Evaluación para contribuir a la actualización y capacitación de las y los
defensores públicos; que la unidad de profesionalización cuente con una
coordinación general nombrada por el o la titular del Instituto, y que se
constituya la Unidad de Vigilancia y Seguimiento a Procesos como un órgano de
asesoría técnica y apoyo para las y los usuarios.
También
plantea que haya un número mínimo de cuatro defensores públicos por juzgado, de
acuerdo con las necesidades de cada materia, y dos peritos por distrito
judicial. De aprobarse la propuesta, consigna que el Ejecutivo estatal reforme
las disposiciones reglamentarias derivadas de esta ley en un plazo no mayor a
90 días hábiles, posteriores a la entrada en vigor del decreto.
La iniciativa fue remitida para su dictamen a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia.
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