- La Comisión Especial de Alertas de Género elaboró un diagnóstico sobre 18 leyes estatales.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 21 de noviembre del 2020- El Congreso mexiquense, el equipo técnico de la Iniciativa Spotlight de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres y el Grupo de Acción de los Derechos Humanos y la Justicia Social colaborarán en la elaboración de un paquete de reformas a la legislación estatal que contribuya a la eliminación de todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en especial el feminicidio.
Así lo acordaron en reunión de las comisiones Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Para la Igualdad de Género, y de Procuración y Administración de Justicia en la que también definieron un cronograma de trabajo para avanzar en el diagnóstico de 18 ordenamientos estatales, así como valorar la posibilidad de un convenio de colaboración en el marco del ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, que se conmemora el 25 de noviembre.
En su intervención, Mónica Álvarez señaló que la entidad ocupa los
primeros lugares de violencia contra las mujeres, ya que de enero al 17 de
noviembre de este año se iniciaron 118 carpetas de investigación por
feminicidios, de los cuales 77 están en trámite, 40 judicializadas y solo hay cuatro
sentencias condenatorias, lo cual, afirmó, se traduce en tolerancia a la
violencia, falta de atención, injusticia e impunidad.
Como resultado del diagnóstico sobre 18 leyes estatales elaborado
por la Comisión Especial, dijo que se encontró que en algunas de estas no se
contempla la muerte como parte de la violencia de género, no se considera la
violencia simbólica como un tipo de violencia y que no se incluye la violencia
en las tecnologías de la información y comunicación, entre otras.
Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña, del Grupo de Acción de
los Derechos Humanos y la Justicia Social, presentaron el diseño de un paquete
de iniciativas de reformas para garantizar los derechos humanos de las mujeres
y las niñas, así como la profesionalización del servicio público y la participación
de la sociedad civil.
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