- Proponen reducir de 10 a 5 días hábiles el plazo para brindar respuesta a peticiones de protección.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx.- 4 de Noviembre del 2022- Las diputadas del Verde Ecologista en el Congreso local propusieron dar prontitud a la aplicación de los protocolos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y líneas de apoyo económico para cubrir necesidades básicas de sus beneficiarios en situación de riesgo, así como reconocer jurídica y socialmente el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente para salvaguardar el patrimonio natural, así como la tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
En sesión deliberante, al lamentar los 15 asesinatos de
periodistas en el país en 2022, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón,
coordinadora parlamentaria del PVEM, propuso reformar a la Ley para la
Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos
Humanos del Estado de México para que cuando una persona periodista solicite la
protección de sus derechos se reduzca de 10 a 5 días hábiles el plazo para
brindar respuesta y de 72 a 48 horas el plazo para comunicar los acuerdos y
resoluciones a las autoridades correspondientes y al beneficiario.
Asimismo, asignar los recursos económicos suficientes para cubrir
necesidades básicas de las personas beneficiarias y de su familia en primer
grado que dependan de estas; vigencia y montos determinados en el estudio de
evaluación y riesgo; que las autoridades competentes deberán enviar un informe
cada 15 días hasta su conclusión del asunto de conocimiento y facultades a sus
superiores sin que se viole la secrecía y el debido proceso; y que los
municipios hagan efectivas inmediatamente las medidas preventivas para
garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas
defensoras de derechos humanos.
Además, la legisladora Claudia Desiree Morales Robledo propuso
definir, en el mismo ordenamiento, a la persona defensora de derechos humanos
como las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un
grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos,
organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa
de los derechos humanos, incluyendo los relacionados con la defensa de la
tierra, el territorio y el medio ambiente.
Con lo anterior, explicó la legisladora, se busca coadyuvar con la
protección de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el
territorio, pues entre 2012 y 2020 se identificaron 582 ataques a nivel
nacional, por lo que serán sujetas de derechos y podrán acceder a la protección
que les debe otorgar el Estado. Las iniciativas fueron turnadas a las
comisiones de Gobernación y Puntos y de Derechos Humanos.
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