- La LXII Legislatura mexiquense ha aprobado reformas para penalizar el aborto sin consentimiento de la madre y apoyar a quienes tienen hijos y estén embarazadas en centros de reinserción social.
El Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 13 de Mayo del 2025.- La protección a una maternidad libre ha sido parte de la agenda de la LXII Legislatura mexiquense desde su arranque en septiembre de 2024, lo cual ha permitido aprobar reformas para penalizar el aborto sin consentimiento de la madre y apoyar a quienes tienen hijas e hijos, o están embarazadas, en centros de reinserción social; además de que se analizan iniciativas para combatir la violencia vicaria, así como sanciones para padres que no participen en gastos.
La interrupción del embarazo, en caso
de practicarse sin el consentimiento de la persona gestante, se reconoció como
un delito cuya pena es de 5 a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa. Si en
su comisión se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia
en los cuidados ginecobstétricos, la pena prevista podría llegar a 15 años de
prisión.
Además de estas sanciones, el personal
médico, de enfermería o partería que realice el procedimiento después de las 12
semanas de gestación, será suspendido hasta seis años en el ejercicio de su
profesión y podrían ser hasta 20 años en caso de reincidencia.
En cuanto a las mamás privadas de su
libertad, en el Paquete Fiscal 2025 se designaron cinco millones de pesos para
el cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de
Reinserción Social del Estado de México, a fin de otorgar canastas alimentarias
y vestido para las y los menores, así como 400 mil pesos para el
acondicionamiento de espacios acordes a las necesidades de las mujeres
embarazadas en cada uno de estos centros.
A propuesta de las bancadas del PVEM,
PAN y PRD, en comisiones se analizan iniciativas referentes a la violencia
vicaria, reconocida como un acto u omisión que genera afectación o daño físico,
psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente,
ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por parte de quien
mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental.
Del PVEM, la diputada Itzel Guadalupe
Pérez Correa propuso incluir esta violencia como causal para acabarse y suspenderse
la patria potestad; la congresista Miriam Silva Mata planteó establecer estas
conductas entre los tipos de violencia familiar y sancionarla con hasta siete
años de prisión; la parlamentaria Gloria Vanessa Linares Zetina pidió
considerarla entre los tipos de violencia del ámbito familiar y que requieren
protección, con lo que la víctima podría interponer demanda de estos hechos
ante la jueza o juez de primera instancia.
En tanto, las bancadas del PAN y del
PRD plantearon penas de cuatro a ocho años a quien cometa el delito de
violencia vicaria, pero podrían ser hasta 10.5 años si se incurre en daño
físico a las hijas o hijos de la víctima, personas adultas mayores, personas
con discapacidad o en situación de dependencia, o mascotas con las que la mujer
tenga una relación afectiva.
En otro sentido, el PAN también
propuso crear la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna,
así como garantizar ayuda monetaria para continuar sus estudios y recibir
atención médica a niñas y adolescentes gestantes; imponer cinco años de cárcel
al padre que no participe en gastos del embarazo y admitir el procedimiento
sumario de pensión alimenticia, en caso de enfermedad de hijas e hijos.
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