- La independiente firmó 14 compromisos con el sector privado del Estado de México, entre los que se incluyen mantener estabilidad en las finanzas públicas, así como redireccionar más recursos a la inversión productiva.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 17 de mayo del 2017- Al firmar los compromisos con el sector
privado del Estado de México, la candidata independiente a la gubernatura
mexiquense, María Teresa Castell de Oro Palacios, informó que, tras obtener el
triunfo el próximo 4 de junio, se conformará un gobierno austero, en el que se
acabarán los gastos excesivos, para que esos recursos se destinen al desarrollo
de proyectos y programas que permitirán mejorar la calidad de vida de la
población.
Acompañada de la consejera presidenta
del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México
(Concaem), María de Lourdes Medina Ortega, Teresa Castell aseguró que varios de
los problemas que enfrenta la población, son resultado del mal manejo de los
recursos públicos, mismos que no se revisan a dónde van a parar y de los que,
cuando se descubre que fueron desviados para otros fines, nadie se hace
responsable.
Por ello, se comprometió a enviar una
iniciativa de ley al Congreso local, con la finalidad de que los partidos se
hagan responsables de las acciones de sus militantes, de tal forma que si un
alcalde o legislador hace un mal manejo de los recursos, serán los propios
institutos políticos que los propusieron para ocupar el cargo, los que tendrán
que pagar el monto robado y, a la par, se les inhabilitará para que participen
en la próxima elección.
La
candidata independiente aseguró que, actualmente, es necesario castigar el mal
ejercicio del poder público por parte de los representantes de los partidos
políticos, pues son ellos quienes han provocado que el Estado de México y el
país enfrenten la peor crisis política, social y económica de la que se tenga
registro.
Indicó
que, al mismo tiempo, se realizarán acciones para evitar que se sigan
cometiendo actos de corrupción y de falta de transparencia en el gobierno
estatal, que provocan la fuga de empresas y la pérdida de empleos, por lo que
se conformará el gabinete sombra, cuyos integrantes vigilarán el actuar de
quienes encabezan cada secretaría de Estado, para evitar que se firmen
contratos o se otorguen licitaciones en “lo oscurito”.
Además,
se creará la Contraloría Ciudadana, la cual será la encargada de recibir y dar
seguimiento a las denuncias sobre el mal manejo del dinero por parte de quienes
conforman el gobierno estatal, y se fomentará la participación de los
observatorios ciudadanos, que vigilarán que los recursos de los ayuntamientos
se ejerzan para los fines para los que se etiquetaron.
Castell
de Oro Palacios reconoció la importancia del sector empresarial para el
crecimiento económico del Estado de México, por lo que aseveró que las
diferentes asociaciones y cámaras empresariales tendrán un espacio en el
Consejo de Asociaciones, para tomar las decisiones correctas y generar
políticas públicas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de la
población y no solo se trabaje “de a ocurrencias”.
En
este sentido, agregó que, en su gobierno, se le dará un impulso a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con la entrega de apoyos a la palabra y
sin intereses a mujeres principalmente y la creación de un modelo educativo con
metodología emprendedora para los estudiantes a partir de los 16 años, para que
egresen con la visión de generar empleos y no de solo ser empleados, lo cual
permitirá acabar con la informalidad y el desempleo que enfrentan los
mexiquenses.
Por
su parte, la titular de la Concaem, María de Lourdes Medina Ortega, coincidió
con la candidata independiente en el sentido de que no se puede seguir
gobernando de “a ocurrencias”, por lo que reconoció su interés de generar
políticas públicas con un nuevo rostro menos asistencial y más productivo, por
lo que aseguró que el sector empresarial tiene confianza en que, de obtener la
gubernatura mexiquense, dará cumplimiento a los 14 compromisos asumidos con la
iniciativa privada.
Entre
los compromisos asumidos con el sector empresarial, está el mantener la
estabilidad de las finanzas públicas, promoviendo la reducción de la deuda y
del gasto corriente, así como redireccionar más recursos a la inversión
productiva; aplicar una política fiscal que impulse la inversión, la generación
de empleo y la innovación; ejercer los recursos públicos, bajo la figura del
presupuesto por objetivos y garantizar plena transparencia y acceso a la
información para el escrutinio público del ejercicio gubernamental.
Asimismo,
el conformar un gabinete con personas que cumplan el perfil de puestos y no
bajo compromisos partidistas y/o familiares, dar certidumbre jurídica a la
inversión, otorgar incentivos a empresas privadas, nacionales y/o extranjeras,
para facilitar la llegada de inversiones; formar un Consejo Estatal de
Competitividad Económica, hacer público el padrón de beneficiarios de programas
sociales para prevenir su uso político electoral e incentivar una política
social más enfocada al desarrollo de capacidades productivas y menos al
asistencial.
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