- “Es de trascendental importancia que esta función se desempeñe por los mejores funcionarios del Poder Judicial” aseguró el diputado Alfredo González González.
Toluca, Edoméx.- 3 de enero del 2019- Los magistrados y
jueces deben ser elegidos de entre los más destacados miembros del sistema de
carrera judicial, lo que contribuiría a fortalecer la autonomía de ese poder
público, para lo cual, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado
Alfredo González González presentó una iniciativa para reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Constitución Política estatal y a la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
La
iniciativa, presentada en nombre del diputado expositor y de la diputada
Violeta Nova Gómez, busca establecer que los aspirantes a cualquiera de las
categorías judiciales, incluyendo los aspirantes a magistradas y magistrados,
se sometan a un procedimiento democrático de curso y concurso, con reglas
claras, transparentes y objetivas, como lo establece la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, con la que busca equiparar el ordenamiento estatal.
Una
de las actividades públicas más delicadas, dijo, es la jurisdiccional, por
entrañar la impartición de justicia, y la cual recae en funcionarios del Poder
Judicial, como jueces y magistrados, “por ello es de trascendental importancia
que esta función se desempeñe por los mejores funcionarios del Poder Judicial,
quienes deben ser personas conocedoras de la ciencia del Derecho, con amplia
madurez de criterio para sopesar y resolver los casos concretos sometidos a su
conocimiento, con profunda intuición de la justicia, íntegras en su reputación,
y que deben actuar con profesionalismo, responsabilidad y manifiesta vocación
de servicio”.
Sin
embargo, el diputado estableció que esta función no se lleva a cabalidad en la
entidad, pues no siempre el cargo de juez o magistrado recae en las personas
más idóneas, sobre todo al tratarse de las magistraturas.
“A
partir de la reforma del 2010 a la Constitución del estado, la Legislatura
tiene la facultad de aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal
Superior de Justicia a propuesta de la Judicatura y el Gobernador, así que el
cargo de magistrado no recae necesariamente en algún funcionario judicial con
experiencia y trayectoria, incluso pueden ser designadas las personas que a
propuesta del Ejecutivo del Estado tengan los méritos para ello”, dijo ante el
Pleno legislativo.
Señaló
que las propuestas para ocupar dichos cargos no se llevan a cabo conforme a
elementos objetivos, transparentes y con criterios de idoneidad admisibles, y
terminan siendo imposiciones de personas carentes de experiencia en la
actividad resolutoria, como académicos, investigadores, servidores públicos
distintos al Poder Judicial.
Esto,
-dijo- tiene como lamentables consecuencias que no cumplan con sus
obligaciones, demerite la impartición de justicia en el estado puesto que no es
pronta, ni expedita como lo exige la ley, que exista una falta de legitimidad
en el Poder Judicial, además de una desconfianza e insatisfacción por parte de
la sociedad y los justiciables.
“En
un estado democrático de derecho como lo es nuestra entidad federativa es
inconcebible un Poder Judicial sin un sistema de carrera judicial, porque se ha
hecho manifiesto que actualmente, en algunos casos, han permeado diversos
factores extraños y diversos a la función jurisdiccional para la designación de
magistrados, y no precisamente por su capacidad y arraigo en la entidad,
demeritando la calidad de las resoluciones”, argumentó.
Por
esta razón es importante fortalecer al órgano jurisdiccional de nuestra
entidad, a través de la obligatoriedad de experiencia y conocimiento de sus
funcionarios, tal como lo mandata la Constitución estatal en el artículo 88,
que “establece como obligación para Tribunal Superior de Justicia la formación
y actualización de sus funcionarios”, y apuntó que quien quiera acceder al
cargo de magistrado debe ser parte de la carrera judicial, realizar y aprobar
cursos de formación y someterse a los exámenes de oposición correspondientes.
La
iniciativa, remitida para su estudio a las comisiones legislativas de
Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de
Justicia, también propone establecer la edad de setenta años para el retiro
digno de las y los magistrados, además de realizar dos propuestas respecto al
Consejo de la Judicatura local, la primera para modificar su integración y la
segunda sobre la designación de los magistrados y los jueces de primera
instancia del Consejo.
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