- Al
responder los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de la Contraloría, Javier Vargas
Zempoaltécatl, aseveró que una de las prioridades del gobierno estatal es el
combate a la corrupción.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 12 de
octubre del 2019- La corrupción y la falta de transparencia persisten en el Estado
de México, afirmaron MORENA, PT, PAN, PES, PRD y PVEM en la 60 Legislatura
mexiquense, en tanto que el PRI reconoció el esfuerzo realizado por la
Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal para fortalecer la cultura de
la rendición de cuentas, y el grupo de legisladores sin partido resaltó la importancia
de esta dependencia por su tarea de supervisión de la aplicación de los
recursos públicos.
Esto ocurrió durante la comparecencia del secretario de la
Contraloría, Javier Vargas Zempoaltécatl, ante la Comisión de Participación
Ciudadana, que preside la diputada María Lorena Marín Moreno, en ocasión del
segundo informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza.
Por parte del Grupo Parlamentario de MORENA, la diputada María de
Jesús Galicia Ramos destacó en sus cuestionamientos al funcionario estatal que
las principales irregularidades detectadas por la ASF en la entidad se refieren
a recursos transferidos a cuentas distintas de aquellas en las que debían
colocarse o que se utilizaron para la elaboración de obras inexistentes o
incompletas. De igual manera, afirmó, gran parte de esos recursos fueron
destinados a rubros no afines a aquellos para los que estaban etiquetados.
Ante
ello preguntó cuánto le cuesta al Estado de México la corrupción; cuántos y
cuáles son los procedimientos instaurados por la secretaría para combatirla y
las sanciones para los servidores públicos que han incurrido en actos de esta
naturaleza. Solicitó además que la dependencia informe a la Legislatura los
resultados de sus acciones a partir de la puesta en marcha del Sistema Estatal
Anticorrupción.
De
la misma bancada, la legisladora Anaís Miriam Burgos Hernández señaló la falta
de transparencia en el portal de internet de las declaraciones patrimoniales de
los sujetos obligados, ya que solo están actualizadas hasta 2018, y cuestionó
sobre las sanciones para los funcionarios que no responden adecuadamente a las
solicitudes ciudadanas.
La
legisladora Lilia Urbina Salazar dijo que el Grupo Parlamentario del PRI
reconoce el esfuerzo que realiza la Contraloría para consolidar esquemas que
promuevan la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, tal y como
lo señala el Plan de Desarrollo del Estado de México, donde se establece
tolerancia cero a los actos de corrupción.
En este sentido, preguntó por las acciones de la dependencia para
profesionalizar a sus servidores públicos y por los resultados en materia de
combate a la corrupción.
El
coordinador parlamentario del PT, Armando Bautista Gómez, dijo que es del
dominio público que se pueden realizar actos de corrupción y no pasa nada.
“Difícilmente el ciudadano cree que levantando una denuncia va a tener
respuesta de la autoridad. Por eso tenemos que establecer mecanismos que
brinden confianza al ciudadano”.
Su
compañero de partido Luis Antonio Guadarrama Sánchez comentó al secretario que
su informe “lamentablemente no corresponde a la realidad que vive el Estado de
México, como si no fuera de los más corruptos del país y con una profunda
desigualdad social”, y le pidió que informe por qué sistemáticamente la entidad
es observada “por miles de millones de pesos” por la Auditoría Superior de la
Federación.
La
congresista del PAN Brenda Escamilla Sámano, presidenta de la Comisión
Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y de Combate a la Corrupción, enfatizó en que la desconfianza
de los ciudadanos y su rechazo a la idea de lo público, se basa en los altos
índices de actos corruptos y de abusos de autoridad. “El ciudadano se siente
constantemente vulnerado”, sentenció, de ahí que resaltara que la Secretaría de
la Contraloría es pieza clave para la reconfiguración de la confianza ciudadana
y de la labor pública.
También
cuestionó sobre las mejoras para que el Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios sea más certero y otorgue certidumbre a la ciudadanía.
María
Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, se refirió a la aplicación móvil Denuncia
Edomex, destacada por el gobernador como una herramienta tecnológica que
permite el empoderamiento del ciudadano, fortalece la transparencia y combate
la corrupción y las malas prácticas. Pero las denuncias no se concretan,
aseguró la diputada, debido a que el ciudadano tiene miedo a una represalia o
bien por la opacidad a la que puede enfrentarse cuando el servidor público es
omiso y no lo escucha.
Por
ello, preguntó por el número de denuncias que se recibieron a casi un año de
funcionamiento de la aplicación. También pidió saber el rango de los servidores
públicos que han sido sancionados, a qué se debe la tardanza en las
resoluciones de la Subdirección de Investigaciones y los mecanismos para
proteger a servidores públicos por acusaciones falsas.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, Julieta
Villalpando Riquelme, dijo que en la construcción de la Cuarta Transformación
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como eje rector de su
gobierno la cero tolerancia a la corrupción, y preguntó si el gobierno del
Estado de México está dispuesto a coadyuvar en ello.
Dijo
que no deja de llamar la atención que la entidad sea una de las que presentan
más observaciones de la ASF en la revisión de la Cuenta Pública, por lo que
interrogó acerca de las acciones para aclararlas, las medidas en contra de
servidores públicos involucrados en actos de corrupción, el número de
sancionados a partir de la implementación del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios y si los Consejos de Participación Ciudadana siguen
funcionado.
La
diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, señaló que los ciudadanos demandan
cuentas claras de las autoridades, por lo que se requiere que asuman
responsabilidades y no se limiten a presentar “datos alegres o cifras
adecuadas”. Subrayó la falta de sanciones derivadas de procedimientos en contra
de funcionarios de la administración pasada y preguntó sobre las atribuciones
de la secretaría en cuanto a la detección y sanción de faltas administrativas,
así como acerca de presuntos actos de corrupción en la asignación de recursos
del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y las acciones para promover el comportamiento
ético de los servidores públicos.
De
los diputados sin partido, Carlos Loman Delgado habló de la importancia de la
labor de la secretaría en la supervisión de la correcta aplicación de los
recursos públicos tanto estatales como federales, y pidió que el titular
detallara las funciones de la dependencia en este sentido y el procedimiento de
las sanciones administrativas.
Al
responder los cuestionamientos de los legisladores, el secretario expresó que
una de las prioridades del gobierno estatal es el combate a la corrupción, por
lo que involucra a todos los actores públicos y sociales e impulsa la
vinculación con organizaciones y asociaciones de carácter público, civil o
social con las que comparte el objetivo de disminuir las malas prácticas de la
administración.
Específico
que en el periodo informado se realizaron más de 3 mil 500 auditorías entre
financieras, administrativas, de obra pública e integrales, y más de 11 mil
inspecciones, como las realizadas por el Laboratorio de Análisis y Verificación
de Calidad de Materiales de Construcción.
Sobre
las responsabilidades administrativas, mencionó que se han iniciado más de 12
mil procedimientos de investigación y se han resuelto más de tres mil
procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitorios, en los que se
han impuesto más de 2 mil 400 sanciones, de las que cerca de mil se han dado en
el periodo del informe.
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