- Plantea sanciones de hasta siete años de prisión y multas de 200 a 400 unidades de medida. Las penas aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en contra de mujeres o de quien no pueda comprender el significado del hecho.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 7 de octubre del 2020- Al condenar el incremento de la ciberdelincuencia, en particular, de la violencia digital contra mujeres y niñas, la diputada Karla Leticia Fiesco García propuso, en nombre del grupo legislativo del PAN, reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, ambos del Estado de México, para agravar las penalidades por este delito y crear la Fiscalía Especializada en Delitos Digitales.
La
iniciativa plantea sanciones de hasta siete años de prisión y multas de 200 a
400 unidades de medida y actualización (UMA) a quien coaccione, hostigue o
exija a otra persona, la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de
voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o pornográfico bajo
amenazas, o divulgue datos e información privada o sobre asuntos personales,
datos apócrifos, insultos, amenazas, mensajes de odio, a través de cualquier
tecnología de la información y la comunicación.
Prevé además que, a quien, con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes personales, datos e información privada y/o sobre asuntos personales u otras impresiones gráficas y sonoras y las revele o difunda sin consentimiento de la víctima, a través de cualquier tecnología de la información, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA.
En
ambos casos las penas aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en
contra de una persona menor de 18 años, en contra de mujeres o de quien no
tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que, por cualquier
causa, no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento, casos en
los que el delito se perseguirá de oficio.
La
iniciativa, a la que se sumaron las legisladoras Beatriz García Villegas, de
Morena, así como Araceli Casasola Salazar, en nombre del grupo parlamentario
del PRD, y María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del PVEM, fue remitida para
su dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
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