- Diputados del Partido del Trabajo (PT) proponen reformas para garantizar la reinserción efectiva de adolescentes que hayan cumplido su sanción.
El Escarlata
Cámara de Diputados, San Lázaro- 23 de Septiembre del 2025.- Diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), impulsan una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a fin de garantizar la reinserción social efectiva de las personas adolescentes infractores que hayan cumplido con sus medidas de sanción respectivas.
La iniciativa, suscrita
por las y los Legisladores Reginaldo Sandoval Flores, Mary Carmen Bernal
Martínez, Greycy Marian Durán Alarcón y Luis Fernando Vilchis Contreras,
propone modificar los artículos 2, 12, 46, 50, 71, 72, 77, 79, 81 y 154 de
dicha norma, la cual fue turnada a las comisiones de Justicia y de Juventud
para dictamen y opinión, respectivamente.
Plantea que en la
Federación y en las entidades federativas haya un área de reinserción social,
adscrita a la autoridad administrativa especializada en la materia de justicia
para adolescentes.
Dicha área tendría
la atribución de gestionar el acceso de las personas jóvenes a programas
sociales que permitan su libre desarrollo tras el cumplimiento de las medidas
de sanción correspondientes, así como de realizar la articulación
interinstitucional mediante la coordinación y colaboración con las autoridades
corresponsables.
Asimismo, brindar
un seguimiento personalizado respecto de las medidas impuestas tras el
cumplimiento de su sanción, proporcionar apoyo a la familia y a las víctimas
mediante su acompañamiento dentro de los planes de actividades para garantizar
la reinserción social y familiar, y las demás que se consideren necesarias.
También establece
que las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno deberán
mantener coordinación interinstitucional a fin de dar seguimiento y
acompañamiento a las personas adolescentes para asegurar su efectiva
integración social y prevenir la reincidencia.
Precisa que la
Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal tendrá como
finalidad generar información estadística que permita conocer “las causas que
ocasionaron” el procesamiento de las personas adolescentes privadas de la
libertad, las condiciones de internamiento “y reinserción”.
El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tendrá la obligación de recabar
información sobre “las causas que pudieron propiciar la conducta y el
porcentaje de reinserción”. Se incorporan entre las autoridades corresponsables
para el cumplimiento de esta Ley, a las secretarías de Bienestar, de Cultura y
de las Mujeres.
Asimismo, indica
que la persona adolescente privada de su libertad tiene derecho al acceso a
medios de información como el “internet” y a recibir en todo momento
“activación física”.
Argumenta que
actualmente la ley se limita a establecer mínimas medidas encaminadas a
garantizar una reinserción social efectiva, excluyendo el seguimiento al
cumplimiento de las medidas de sanción impuestas para evitar la reincidencia
delictiva.
Refiere que, de
acuerdo con el INEGI, mediante el Censo Nacional de Sistema Penitenciario
Federal y Estatales 2024, al cierre de 2023 se tenía registro de que mil 508
personas habían ingresado a centros especializados de justicia para
adolescentes.
Del total de
jóvenes, mil 420 personas habían ingresado por primera vez y 88 personas
reingresaron.
El Estado tiene la
obligación de garantizar y preservar el goce de los derechos de las personas,
principalmente de los sectores más vulnerables como los menores de edad,
puntualiza.
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