- La Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de la LX Legislatura mexiquense, que preside la diputada María Lorena Marín Moreno, advirtieron sobre los índices de corrupción en la entidad y coincidieron en que la suma de esfuerzos será primordial para combatirla y fortalecer el estado de derecho.
Toluca, Edoméx.- 9 de octubre del 2018- Diputados integrantes
de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de la LX Legislatura
mexiquense, que preside la diputada María Lorena Marín Moreno del PRI,
advirtieron sobre los índices de corrupción en la entidad y coincidieron en que
la suma de esfuerzos será primordial para combatirla y fortalecer el estado de
derecho, lo que además abonará a la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante
la comparecencia del secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl,
que con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno los diputados de MORENA,
Faustino de la Cruz Pérez y del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez destacaron
los casos de corrupción de la empresa OHL, la llamada estafa maestra, en la que
se vio involucrada la UAEMEX, y las nóminas fantasma.
El
diputado De la Cruz pidió al secretario un listado de las sanciones y
observaciones que la dependencia ha hecho a otras secretarías a fin de que los
legisladores tengan herramientas para tomar decisiones durante la revisión del
Paquete Fiscal 2019; también pidió información sobre sus acciones para evitar
que los contralores internos de los ayuntamientos sean amigos de los alcaldes.
Luis
Antonio Guadarrama preguntó cuál fue el resultado de la investigación de la
Contraloría sobre los actos de corrupción dados a conocer, entre la empresa OHL
y funcionarios de alto nivel del gobierno del Estado de México, específicamente
Apolinar Mena Vargas, exsecretario de Comunicaciones, y Luz María Zarza
Delgado, consejera jurídica.
La
diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, preguntó sobre las acciones de la
Contraloría respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar
sus declaraciones patrimoniales y si con la desaparición de la Inspección
General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM)
habrá algún vacío en la lucha contra actos de corrupción dentro de los cuerpos
de seguridad pública.
La
diputada Brenda Escamilla Sámano, del PAN, dijo que la corrupción y la
impunidad son problemas graves que deben ser considerados de atención prioritaria
en la agenda del gobierno y preguntó si existe impedimento para que se
presenten denuncias y se sancione a servidores públicos por falta de una
plataforma digital estatal, así como sobre las acciones de la secretaría en
conjunto con otras instituciones estatales para disminuir los índices de
corrupción o las faltas cometidas por los funcionarios.
También
preguntó si existe voluntad política en el Poder Ejecutivo para que funcione de
forma adecuada y en corto tiempo el Sistema Estatal Anticorrupción.
Por
el Partido Encuentro Social, el diputado Juan Carlos Soto Ibarra cuestionó las
acciones en materia anticorrupción y si están vinculadas al Sistema Nacional
Anticorrupción, además de los mecanismos que garanticen el derecho a la
participación ciudadana para fortalecer a la democracia y como un derecho
básico.
La
legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, indicó que se debe incrementar
la participación de observadores sociales en las licitaciones del gobierno
estatal y preguntó qué acciones ha implementado la secretaría al respecto,
además de las realizadas por el contralor para cumplir con las obligaciones que
le impone la legislación en materia anticorrupción.
La
legisladora María Luisa Mendoza Mondragón dijo que al PVEM le interesa conocer
como el trabajo de la dependencia contribuye a erradicar la corrupción. Sobre
la ley del ISSEMyM preguntó si está en riesgo el pago de las pensiones, si la
crisis que vive este sistema de seguridad social es consecuencia de malos
manejos y si se han realizado auditorías financieras para verificar su
solvencia.
También
preguntó sobre las garantías de seguridad que brinda la secretaría a los
ciudadanos que denuncian a servidores públicos; sobre las declaraciones Tres de
Tres, quiso saber cuántas han presentado conflicto de interés y cuántos
servidores públicos causaron baja por no haberlas presentado.
Adrián
Manuel Galicia Salceda, legislador de MORENA, consideró de vital importancia
que la Secretaría de la Contraloría cumpla estrictamente con las funciones que
le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que la entidad
mexiquense ocupa el primer lugar en actos de corrupción. Tal vez por ello,
dijo, esta administración pública estatal es la segunda más auditada en temas
de corrupción.
“Con
la coalición legislativa (morena-PT-PES) habremos de frenar de manera
contundente la ruta de corrupción e impunidad que ha dañado tanto al Estado de
México”, concluyó.
Por
el PT, la diputada Julieta Villalpando Riquelme dijo que con motivo de las
afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 se aportaron recursos
federales para la reconstrucción de escuelas y viviendas; sin embargo, padres
de familia comentan que los alumnos toman clases en los patios de las escuelas
porque la construcción es lenta y aún no ha concluido y muchas familias han
reconstruido sus casas con recursos propios. Preguntó qué acciones ha
emprendido la secretaría para verificar la correcta aplicación de los recursos.
Además,
cuestionó sobre las dos mil 456 inspecciones a obra pública y las cuatro mil
173 verificaciones a programas sociales a que se refiere el Primer Informe,
cuántos actos u omisiones irregulares se detectaron y cuántas denuncias se
hicieron al Ministerio Público.
El
coordinador del Grupo Parlamentario del PES, Carlos Loman Delgado, dijo que la
actuación de la Contraloría es un buen instrumento para lograr la Cuarta
Transformación. “Con la participación conjunta, la Secretaría de la Contraloría
puede auxiliar y brindar luz a la Legislatura sobre los diagnósticos y mecanismos
para brindar mayor transparencia en el quehacer de la actual administración”.
Al
dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados, el secretario Vargas
Zempoaltécatl dijo que en el primer año de la presente administración se han
realizado cerca de mil 700 auditorías financieras, administrativas, de obre
pública e integrales.
Dijo
que se han observado más de 16 mil expedientes de investigación, a efecto de
determinar la probable comisión de faltas administrativas y, en su caso,
determinar su calificación como grave o no grave. Explicó que se resolvieron
mil 906 procedimientos disciplinarios y resarcitorios en contra de servidores
públicos a los que se les acreditó un mal comportamiento en el desempeño de sus
funciones.
Indicó
que se impusieron mil 685 sanciones, de las cuales 405 fueron amonestaciones,
73 inhabilitaciones, 184 suspensiones, 47 destituciones, 73 económicas, 856
pecuniarias y 47 resarcitorias, “con lo que se refrenda la tolerancia cero de
este gobierno a la corrupción”.
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