- Los servidores públicos sentenciados por actos de corrupción no podrán tener otro cargo público en la entidad; los particulares y las empresas involucradas en actos de corrupción tampoco podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, licitaciones o contrataciones públicas.
Toluca, Edoméx.- 26 de abril
del 2019- Inhabilitar definitivamente a los servidores públicos corruptos,
cuando el monto de la afectación sea superior a las 200 veces el valor de la
Unidad de Medidas y Actualización (UMA), es el propósito de la iniciativa de
reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN.
Propone
que los servidores públicos sentenciados por actos de corrupción no puedan
tener otro cargo público en la entidad y que los particulares y las empresas
involucradas en actos de corrupción tampoco puedan participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, licitaciones o contrataciones
públicas.
El
Grupo Parlamentario del PAN considera oportuno establecer una sanción que
persuada a los servidores públicos, particulares y empresas a no incurrir en
faltas administrativas graves, pues este delito afecta el desarrollo social y
la relación entre gobernantes y gobernados, por ser acciones contrarias al
bienestar general.
Con
la adición propuesta de una fracción V al artículo 82 de la citada ley, que señala
las sanciones administrativas por la comisión de faltas graves impuestas por el
Tribunal de Justicia Administrativa, quedaría establecido que éstas consistirán
en “inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas”, ello “si el monto de la afectación excede de
doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Además,
“el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer al infractor una o más de
las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la gravedad de la falta administrativa”.
La
iniciativa fue remitida por la diputada Mariana Uribe Bernal, presidenta de la
Directiva de la 60 Legislatura, a las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
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