- Se creará un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se destinará a la capacitación de periodistas, implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas de protección urgente.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 26 de abril
del 2019- La diputada Azucena Cisneros Coss presentó al Pleno de la 60
Legislatura un proyecto de Ley para la Protección Integral de Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado De México, debido a
que, sostuvo, “tanto quienes defienden los derechos humanos como quienes
ejercen el periodismo enfrentan agresiones que van desde el hostigamiento,
hasta la desaparición forzada o el asesinato”.
Explicó
en tribuna que se trata de un ordenamiento que plantea la creación de un
mecanismo para garantizar el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y
seguridad.
De
acuerdo con el documento, ese mecanismo será un organismo público descentralizado
del Gobierno del Estado de México, encargado de proteger, promover y garantizar
la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así
como de fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la
materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.
En
sesión del Segundo Periodo Ordinario, Azucena Cisneros llamó a las y los
diputados a asumir su responsabilidad de evitar que se cometan abusos en
perjuicio de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, “por lo
que debemos implementar todas aquellas acciones para enfrentar y erradicar la
violencia en contra de este grupo en todo el país, ya sea ejercida de forma
individual o colectiva”.
Hizo
énfasis en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha consignado la
ausencia de leyes en esta materia en 22 entidades, entre ellas la mexiquense.
En
sesión del Segundo Periodo Ordinario, al abundar en la fundamentación de su
propuesta, Azucena Cisneros señaló que la importancia de la tarea de los
defensores de derechos humanos queda fuera de toda duda ante la situación de
violencia que enfrentan los mexiquenses, y destacó que, al contribuir a la
protección de los derechos básicos, ayudan a construir el sistema democrático.
En
el caso de las y los periodistas, subrayó que desempeñan un papel fundamental
en el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el
derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan
cuentas a la sociedad.
En
México, dijo, “el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de
expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas
y trabajadores de los medios, así que en muchas ocasiones la autocensura se
convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad
personal, sino también su vida”
Enumeró
el tipo de agresiones de las que son objeto unos y otros: asesinatos,
desapariciones forzadas, amenazas, robo, campañas de desprestigio, secuestros,
acoso, intimidación, arrestos ilegales, detenciones, espionaje, vigilancia,
represión y ataques cibernéticos, entre otras.
Recordó
que México ha ratificado nueve tratados internacionales relacionados con los
derechos humanos, y que la Constitución de la República prevé mecanismos para
garantizar que sean respetados, sin embargo, el país se ha convertido en el
país más violento para quienes los defienden y en el segundo más peligroso para
ejercer el periodismo.
La
diputada refirió que, en 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
registró en el país 285 ataques contra defensores, en tanto que ese mismo año
fueron asesinados 11 periodistas. En el caso de las mujeres las agresiones se
agravan: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportó
que entre 2010 y 2017 fueron asesinadas más de 43 defensoras y periodistas.
“Las
agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera
jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto”,
destacó, y precisó que en el Estado de México no se cuenta con cifras al
respecto, pero relató, como ejemplo, el desmantelamiento, en 2015, del equipo
de transmisión de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, en Luvianos, por
emitir sin concesión, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
y el atentado que el director de la estación, Indalecio Benítez, sufrió en
2014, en el que resultó muerto su hijo Juan Diego, de 12 años.
Calificó
el homicidio de periodistas como “el ataque más cruel y extremo de censura a la
libertad de expresión”, y atribuyó el fenómeno a la falta de políticas públicas
encaminadas a garantizar un entorno libre y seguro para desarrollar su labor,
una deficiente política de prevención del delito, la actuación tardía e
ineficiente ante las denuncias, así como la ineficacia por parte las
autoridades encargadas de perseguir los ilícitos”.
Nuestro compromiso, -dijo- es proteger a las y los periodistas
implementando medidas que aborden las causas profundas de la violencia en su
contra y la impunidad. Esto implica la necesidad de afrontar temas como la
violencia institucional de la que son víctimas al atentar contra los intereses
de los poderosos.
En
este sentido, mencionó que en el sexenio pasado, periodistas mexiquenses
padecieron el bloqueo de su trabajo cuando funcionarios o personal de
Comunicación Social del Poder Ejecutivo los acusaban de hacer preguntas
“incómodas” o ejerciendo presión para que no se publicara información crítica,
y habló sobre la situación laboral de muchos de ellos, sin prestaciones como
vacaciones, aguinaldo, pensiones o servicios de salud y salarios bajos,
garantías que el Estado deber de promover que los medios de comunicación
otorguen.
La
iniciativa de ley establece que el Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México estará
integrado por una Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Estatal, y
será operado por la Secretaría de Gobierno.
Se
creará un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, que se destinará a la capacitación de periodistas, implementación
y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas de
protección urgente.
El
proyecto indica que las agresiones se configurarán cuando por sus actividades
de protección de derechos humanos o en ejercicio del periodismo se dañe la
integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de los
defensores y periodistas y de las personas de su entorno inmediato.
Además,
determina que el Estado tiene el deber de garantizar un entorno libre y seguro,
por lo que desarrollará acciones como la adopción de un discurso público que
contribuya a prevenir la violencia contra personas defensoras y periodistas,
que reconozca la importancia de su labor en el fortalecimiento de la
democracia, así como la capacitación y concientización de las fuerzas de
policiales, fiscalías y al Poder Judicial al respecto.
La
ley propuesta reconoce, como derechos de las personas defensoras, el de
reunirse o manifestarse pacíficamente; formar, afiliarse y participar en
organizaciones y asociaciones; difundir libremente opiniones, informaciones y
conocimientos sobre derechos humanos y libertades fundamentales, y ser
protegidas en caso de violación de esos derechos.
Como
derechos específicos de las y los periodistas reconoce el secreto profesional,
la cláusula de conciencia, y el derecho al acceso a la información y a los
actos públicos.
La
iniciativa fue turnada a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su dictamen.
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