- “Instamos a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente con todas las personas que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80”, señaló un grupo de especialistas en derechos humanos.
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Foto:
Jeca Taudte [ARCHIVO]
Internacionales, ONU.- 29 de noviembre del
2019- Hace
diez años, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución que
condenó al Estado mexicano por violaciones
graves de las garantías fundamentales y ordenó una serie de
medidas de reparación en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco,
un líder social del estado de Guerrero.
Un
grupo de expertos de la ONU en derechos humanos lamentó este viernes que después
del decenio transcurrido desde esa sentencia, no haya
avances significativos en su implementación.
Rosendo
Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente y
desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 25 de
agosto de 1974, durante el periodo conocido como “la guerra sucia” en México, cuando viajaba en un autobús rumbo a
Chilpancingo, la capital guerrerense junto a su hijo de 11 años.
Su
detención y desaparición forzada fueron denunciadas a nivel nacional y, ante la falta de una respuesta apropiada y debida diligencia en
la investigación por parte del Estado, el 23 de noviembre de 2009 la Corte
Interamericana emitió su sentencia en contra de México.
Los
expertos señalaron que a 45 años de la desaparición y 10 años de la emblemática
sentencia, “México está aún lejos de esclarecer la suerte y el paradero
de Radilla Pacheco y de los cientos de personas que desparecieron durante la
Guerra Sucia”.
Agregaron
que los responsables de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia
y lamentaron la ausencia de medidas encaminadas a la individualización de las
responsabilidades.
Consideraron
“inaceptable” que las denuncias penales tramitadas hasta la fecha, tanto en el
caso Radilla Pacheco como los de otros desaparecidos por agentes del Estado, no hayan generado la imputación de persona alguna.
Los
especialistas afirmaron que el Estado mexicano tiene la obligación de continuar esas búsquedas dado el carácter continuo del
delito.
“Las
autoridades deben realizar investigaciones
exhaustivas, dotar de una mayor asignación de recursos que
permitan cubrir todo lo necesario para las búsquedas, asegurar una mayor
profesionalización de los equipos forenses involucrados, y garantizar la
transparencia de las políticas de búsqueda, permitiendo que las familias, sus
representantes y la ciudadanía en general, tengan información sobre los
trabajos”, apuntaron.
Recomendaron
también establecer un mecanismo especial, conformado por oficiales de alto
nivel, a fin de favorecer la implementación de la sentencia.
“Instamos
a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente,
no sólo con la familia Radilla, sino con todas las personas que desde hace
décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el
Estado mexicano en los años 70 y 80.”
Finalmente,
expresaron su respeto y solidaridad con las víctimas.
“A más de cuatro décadas de impunidad, la lucha digna y persistente de las
familias nos motiva a sumarnos solidariamente a su legítima exigencia de
alcanzar la justicia, conocer la verdad, encontrar a sus seres queridos y
mantener viva la memoria”, enfatizaron.
Los
expertos firmantes del comunicado son Fabián Salvioli, relator especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición; y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias: Luciano Hazan, Tae-Ung Baik, Bernard Duhaime, Houria
Es-Slami y Henrikas Mickevičius.
Nota: Los
relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de
Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de
expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es
el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo
establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países
o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos
Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no
perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u
organización y actúan a título individual.
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