- La FGJEM debe crear una plataforma digital que agilice estas consultas, señaló La diputada Brenda Escamilla Sámano.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx.- 31 de marzo del 2021- La diputada Brenda Escamilla Sámano propuso reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que este organismo implemente un portal digital de acceso público al registro de antecedentes penales y administrativos, en el cual sea posible consultar, de acuerdo con la versión pública y por medio de expediente digital, el nombre de la persona sentenciada, el tipo del delito cometido, la fecha del cumplimiento de las penas y cuando la pena haya sido sustituida o conmutada.
De acuerdo con la propuesta de la legisladora del grupo
parlamentario del PAN, esta plataforma podrá ser consultada cuando la persona
física o jurídico colectiva interesada pueda garantizar un interés legítimo y
necesario para conocer la información en caso de que esté en riesgo la vida o
la seguridad de una persona o se pueda vulnerar la conducción de las
actividades laborales.
Precisa además que la consulta solo podrá realizarse sobre una
sola persona, y en caso de solicitar información sobre otra persona, distinta a
la originalmente consultada, será necesario comprobar el interés legítimo para
la nueva solicitud.
La legisladora Brenda Escamilla expuso en sesión deliberante que
esta iniciativa busca ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones, al poner
a su disposición información sobre los antecedentes penales de aquellas
personas que hayan cometido un delito sancionado por los tribunales.
Agregó que contar con esa información será útil para prevenir
cualquier acto de violencia futuro, respetando siempre la protección de datos
personales y argumentando legítimo interés, por lo que esta iniciativa pretende
ser una herramienta de protección al ciudadano y a las organizaciones, sin
violentar los derechos, y ya sea por fines de trabajo o personales ´´esta
posibilidad de acceso a información judicial abre un panorama enorme para las
instituciones a la hora de contratar y para las personas, en el momento de
fraternizar´´, indicó.
La iniciativa, remitida para su dictamen a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, señala que de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE), en
2019, 29.2% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito, es
decir que más de un cuarto de las familias mexicanas ha sufrido por la
delincuencia.
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