- Las propuestas serán enriquecidas por el gobierno
estatal, los municipios y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El Escarlata
Cámara
de Diputados, Edoméx- 07 de Junio del 2025.- Tras lamentar que el 40% del agua potable en la entidad es robada, ya sea
por desvío o sustracción por tomas clandestinas o de pozos irregulares,
congresistas de las bancadas de MORENA, PVEM, PT y PAN coincidieron en la
necesidad de que este delito (conocido como “huachicoleo” del agua) sea calificado como grave y que se persiga
de oficio; es decir, sin necesidad de que exista una denuncia para investigarlo
y castigar a las personas culpables.

Al analizar las iniciativas de la diputada
Zaira Cedillo Silva de MORENA y del Grupo Parlamentario del PVEM, presentadas
por separado, legisladoras y legisladores concordaron en que es necesario
enriquecer las propuestas con las observaciones de la Consejería Jurídica
estatal, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y de los
municipios que son fuente del suministro, particularmente en el establecimiento
de penas con prisión, y en las medidas para proteger el recurso hidráulico
desde su origen.
En reunión de las comisiones de Procuración y
Administración de Justicia, y de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura
mexiquense, la parlamentaria Zaira Cedillo explicó que su iniciativa busca sanciones
de hasta 30 años y multas de 2.8 millones de pesos por acciones de extracción,
apropiación, restricción o suministro de agua potable, sin contar con el
permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedido por la
autoridad competente, así como que sea calificado como grave y se acredite como
un daño a la nación.
Refirió que, de 2023 a 2024, sólo se
recibieron 37 denuncias por este delito, pero que ningún caso fue
judicializado, por lo cual su propuesta busca ayudar a que las autoridades
logren castigos severos contra las personas culpables, pues lamentó que en el
Estado de México se roben cuatro litros de agua por segundo.
A nombre del Grupo
Parlamentario del PVEM, la legisladora Miriam Silva Mata detalló que su
iniciativa propone que el delito de extracción ilegal del agua con fines de
lucro sea tipificado como delito grave, para que se persiga por oficio y no por
querella, así como que se apliquen las sanciones de acuerdo con los daños que
generen a las personas.
Tras reconocer vacíos legales que toleran la
impunidad y la corrupción, puntualizó que, de considerarse como delito grave, a
la persona responsable de robo del agua potable se le podría dictar medidas de
prisión preventiva oficiosa, que conlleva la privación temporal de la libertad,
con el fin de garantizar su presencia en el desarrollo de la investigación.
La parlamentaria Emma Laura Álvarez
Villavicencio del PAN, quien presidió la reunión, explicó que las iniciativas
deben considerar las diferentes realidades por las que atraviesan los
municipios, para garantizar el acceso al agua potable a la población, y criticó
la falta de suministro en zonas marginadas y de hospitales; además, afirmó, hay
referencias de que las empresas desperdician el líquido.
Por MORENA, los legisladores Gerardo Pliego
Santana y Samuel Hernández Cruz y las legisladoras Sandra Patricia Santos
Rodríguez y Selina Trujillo Arizmendi celebraron las propuestas porque
contribuirán a combatir la impunidad en la materia, y expresaron que sería
oportuno enriquecerlas, sobre todo en casos de pozos comunitarios, organismos
operadores y municipios donde se origina el suministro, como manantiales y
áreas naturales.
Sobre las propuestas para reformar el Código
Penal estatal, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón del PT, compartió que
iniciativas similares se han aprobado en los estados de Nuevo León, Jalisco,
Sonora y en la Ciudad de México, por lo que se pronunció por consolidar en la
entidad un modelo de gestión del agua más transparente.
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