- Proponen diputados del PAN que se coordine DIFEM con el Poder Judicial y la CODHEM para fortalecer las medidas de prevención y sanción de violencia.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx.- 17 de noviembre del 2021- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local expuso la necesidad de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) colabore con el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para fortalecer las medidas de prevención, atención y sanción de violencia cometida hacia niñas, niños y adolescentes, debido a que ha crecido durante la emergencia sanitaria.
De
acuerdo con la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas, el confinamiento
por la pandemia de covid-19, el aumento de los niveles de estrés, la
inseguridad económica, alimentaria y el desempleo han provocado un incremento
récord de 24% en las carpetas de investigación por violencia familiar, que
suman en el primer semestre de 2021, 129 mil 20.
Además,
la pandemia ha dejado en el país 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en
situación de orfandad y toda vez que muchos de estos menores perdieron a sus
cuidadores secundarios, como sus abuelos o parientes mayores, la cifra de
menores huérfanos en el país se eleva a 141 mil 132.
Esta
situación, -indicó- justifica el trabajo colaborativo de las citadas instancias
para fortalecer las medidas de prevención y sanción de violencia cometida hacia
niñas, niños y adolescentes.
La
propuesta se remitió a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y
especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera
Infancia.
Los
sujetos obligados garantizarán, en todo momento, que la información generada
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y en caso de que se solicite,
realizar la traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas
residentes en el Estado de México, propuso la diputada Miriam Escalona Piña.
La
iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios busca precisar que las autoridades obligadas
deberán asumir la responsabilidad de traducir la información requerida por
personas pertenecientes a las comunidades indígenas, a fin de evitar vacíos
legales e interpretaciones ambiguas.
Dicha
propuesta se remitió a estudio a las comisiones de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la
Corrupción y de Asuntos Indígenas.
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