- Durante 2018, 22 mil 158 personas dejaron el Estado de México debido a la violencia: Karina Labastida.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx.- 19 de Febrero del 2022- Al consignar que, durante el año 2018, al menos 22 mil 152 personas dejaron el Estado de México debido a la violencia e inseguridad que la ubican entre las primeras cinco entidades con mayor número de personas en desplazamiento forzado interno, la diputada Karina Labastida Sotelo propuso expedir la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de México y reformar el Código Civil de la entidad.
En sesión deliberante, la legisladora expuso que entre los
factores generadores de violencia e inseguridad que pueden estar vinculados con
el desplazamiento forzado interno, se identifican altas tasas de delitos de
acto impacto (homicidios dolosos, feminicidios, secuestro, extorsiones,
desapariciones forzadas y violencia sexual), altos niveles de corrupción e
impunidad, así como las violaciones de derechos humanos por parte de las
autoridades estatales, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.
La legisladora precisó que la entidad mexiquense se ubica en el
segundo lugar de las cinco que reportaron un mayor número de casos de
desplazamiento forzado interno por violencia e inseguridad, junto a Tamaulipas,
Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Por ello, propone establecer las bases mínimas de prevención de
los desplazamientos forzados internos, las medidas de atención, asistencia,
ayuda y protección de las personas en esta situación, así como el deber del
gobierno estatal y ayuntamientos para brindarles alimentos y agua potable;
refugio, alojamiento y vivienda básicos; ropa; servicios médicos, medicamentos
y tratamientos esenciales, incluyendo atención para el tratamiento de víctimas
de agresiones sexuales y la atención de otros aspectos de la salud
reproductiva.
Así, propone establecer un programa y mecanismo estatal para
prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas, dignas y seguras
para las personas en situación de desplazamiento forzado interno, así como un
Consejo Ciudadano y el Registro Estatal de Personas en Situación de
Desplazamiento Forzado Interno.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y
Administración de Justicia y de Derechos Humanos.
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