- La legisladora Emma Alvarez detalló que los municipios en donde más casos se presentan son: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
El Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 21 de Octubre del 2025.- Debido a que en 2024 se abrieron más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculadas a presuntas uniones forzadas de menores en el Estado de México, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio del PAN, el diputado Octavio Martínez Vargas de MORENA y la legisladora Miriam Silva Mata del PVEM, manifestaron su respaldo a la iniciativa del PAN que propone hasta 22.5 años de prisión para quien obligue o consienta una relación de hecho entre menores de edad para convivir como pareja.
Al destacar que estos hechos ocurren
principalmente en zonas urbanas, el congresista Octavio Martínez pidió convocar
al Poder Judicial para enriquecer la propuesta, además de enfatizar la
importancia de no criminalizar a las y los menores al abordar este problema.
También señaló que en el Hospital de las Américas de Ecatepec se registran mil
200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de
edad.
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La iniciativa de reforma al Código
Penal de los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de
Cevallos González, integrante y coordinador del grupo parlamentario del PAN,
propone hasta 22.5 años de prisión a quien obligue, procure, induzca,
coaccione, solicite, gestione, oferte, facilite o consienta cualquier relación
de hecho para hacer una vida en común, sin fines de lucro o a cambio de un pago
en efectivo o en especie, a una persona menor de edad con alguien de su misma condición
o con persona mayor de 18 años, sin importar creencias religiosas o usos y
costumbres, aun cuando sean los padres quienes inciten o consientan estas
conductas.
Precisa sanciones de ocho a 15 años de
prisión y de mil a cuatro mil días multa, que podrán incrementarse hasta en una
mitad (es decir, hasta 22 años y medio de cárcel y seis mil días multa) si el
delito se comete con violencia o en contra de personas menores de edad que
padezcan alguna discapacidad o pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena
o afromexicana.
Actualmente se consideran de dos a
cuatro años de prisión y de 500 a dos mil días multa por este delito.
Al iniciar el estudio de esta
iniciativa al Código Civil estatal que plantea la diputada Elena García
Martínez de MORENA, la parlamentaria Alvarez Villavicencio detalló que, en
2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y
el Registro Civil de la entidad, hubo más de cinco mil de estas peticiones. No
obstante, rechazó eliminar el Consejo Dictaminador del Registro Civil, que
emite opinión sobre estas peticiones (como pide la iniciativa), y abogó por su
fortalecimiento.
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La legisladora Miriam Silva afirmó que
la propuesta retoma lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y se pronunció por reformar los reglamentos internos del Registro Civil para
realizar una modificación integral.
Esta propuesta también plantea
eliminar procedimientos que prolongan la resolución de las solicitudes de
cambio de nombre, reduciendo el tiempo actual de 30 a 15 días hábiles a partir
de la solicitud, y la eliminación del Consejo Dictaminador, facultando a la
Dirección General del Registro Civil de la entidad a realizar el trámite de
manera rápida y gratuita.
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