- Los anuncios se suman a una industria cercana a los 32 MDD al año
Zona Oriente Toluca, Edo. Méx.- “La libertad de publicar escritos sobre cualquier materia jamás será lo mismo que publicar cualquier anuncio sin importar su contenido, es garantía constitucional la libertad de publicar, pero también es garantía constitucional la protección a la vida, a la moral y a la libertad sexual; Quienes hacen uso de los medios de comunicación para materializar las publicaciones de servicios sexuales deben ser responsables y sancionados conforme a la Ley”, señaló el diputado mexiquense Horacio Jiménez López.
El legislador local del Grupo Parlamentario de Convergencia estableció que, en el Estado de México ha resultado cotidiano observar en revistas, periódicos y medios electrónicos la publicación de anuncios de servicios sexuales en los cuales sin el menor recato se exhiben fotografías de quienes hacen del conocimiento público tanto precios como horarios, números telefónicos, nacionalidad y hasta minoría de edad.
En tal sentido, subrayó la necesidad de llevar a cabo la adición de un tercer párrafo al artículo 268 Bis del Código Penal del Estado de México con la finalidad de incorporar como trata de personas toda acción que ofrezca la publicación o anuncio en cualquier medio de comunicación impreso o electrónico que oferte el servicio sexual de una o más personas y que tenga por objeto su explotación.
El documento elaborado por UNICEF en 2009, establece que aún cuando no hay cifras exactas, se estima que el 50 por ciento de las víctimas de este delito en todo el mundo son niñas, niños y adolescentes, identifica dos ámbitos en los que particularmente se concentra la trata de los antes mencionados con fines de explotación sexual; el primero es su utilización en centros clandestinos y criminales que los ofrecen para el comercio sexual.
“Aunque es difícil determinarlo con precisión, las cifras mundiales del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que 1.8 millones de niños son explotados en la industria del sexo comercial, y sufren violencia y abuso físico, sexual y psicológico por parte de los tratantes, proxenetas y “clientes”.
El segundo de estos ámbitos es el de los matrimonios forzados, los cuales se dan fundamentalmente por las siguientes causas: porque las niñas son consideradas una carga económica para las familias en situación de pobreza; por “arreglos” fundados en los usos y costumbres; por migrantes que compran esposas a fin de regularizar su situación migratoria o bien esclavas sexuales.
El proyecto del congresista mexiquense identifica que las publicaciones tanto impresas como electrónicas que ofertan servicios sexuales se han escudado en la libertad de prensa y no pueden seguir siendo toleradas.
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