Zona Oriente, Toluca, Edo. Méx.- Promover la participación social en tareas de planeación y consulta de políticas públicas en materia de seguridad pública; crear la Secretaría respectiva y regular la prestación del servicio de seguridad privada; son fines de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN por la que se propone abrogar la actual Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, vigente desde el año 1999, y se crea la Ley de Seguridad Pública.
Presentada por el coordinador de este Grupo Parlamentario, diputado Óscar Sánchez Juárez, y remitida a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Seguridad Pública y Tránsito, así como Gobernación y Puntos Constitucionales, recupera y plantea hacer efectivo el principio según el cual la principal función del Estado es garantizar la seguridad e integridad física y patrimonial de las personas.
La propuesta reconoce que corresponde al Estado el monopolio exclusivo y legal del ejercicio de la fuerza para cumplir con este mandato, le confiere la obligación de preservar las libertades, el orden y la paz públicos; adicionalmente sugiere que el carácter multidimensional del problema de la inseguridad obliga a sustentarse en la participación social y el fortalecimiento de una verdadera cultura de la prevención del delito.
Con este fin, propone un Consejo Consultivo Ciudadano como órgano “de deliberación, análisis y propuestas, que tiene por objeto promover la participación ciudadana en acciones de seguridad pública”, para mejorar la eficacia del ejercicio de la función por parte de las autoridades correspondientes e impulsar la cultura de la legalidad y la de prevención social del delito.
Este Consejo se integraría por 20 personas electas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, también de nueva creación. No participarán en éste, sujetos que ejerzan un cargo de elección popular o representantes de partidos políticos. El encargo será honorario y por tres años, con opción a una sola ratificación por igual periodo. Respecto a la Secretaría que se propone, la iniciativa consigna como sujetos de la ley y autoridades responsables en el tema, al Poder Ejecutivo a través del titular y las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de Justicia, entre las principales.
Para su creación, la propuesta agrega una reforma al artículo 19 y una adición al 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Entre las funciones que le atribuye se cuentan: desarrollar las políticas en la materia que establezca el Ejecutivo estatal; proponer la política criminal estatal; determinar causas y factores de los tipos de criminalidad; implementar acciones preventivas del delito; coadyuvar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Pública; suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con las instancias y autoridades en la materia.
Además, establecer un sistema integral de investigación, otorgar atención a las víctimas del delito diseñar la política penitenciaria estatal; vigilar el funcionamiento de los centros de rehabilitación; ejercer la vigilancia del tránsito y generar la infraestructura necesaria para la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública.
Sobre el servicio de seguridad privada, estipula la obligación de los prestadores el solicitar autorización expresa a las autoridades competentes; registrar al personal en el Registro estatal del personal de Seguridad pública, de nueva creación; contar con personal registrado y capacitado; observar la normatividad aplicable; y someterse a evaluación y vigilancia permanentes.
La iniciativa define como servicios de seguridad privada al de personas; bienes; traslado de valores; en materia de información; de blindaje; de protección y de investigación. Obliga también, por ser cuerpos auxiliares, a coadyuvar con las instituciones y corporaciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente.
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