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Proponen Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de México

  • Pretende homologar la legislación local con el Sistema Nacional Anticorrupción, además de modificar el esquema de control interno de las dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos y de los ayuntamientos.

Redacción/El Escarlata.
Toluca, Edoméx.- 17 de marzo del 2017- A fin de cumplir el mandato de homologar la legislación local con el Sistema Nacional Anticorrupción, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, presentón la iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de México, además de reformar diversos ordenamientos estatales.

El documento, presentado ante el Pleno por el diputado Alejandro Olvera Entzana en sesión del Quinto Periodo Ordinario, plantea reformas a las leyes orgánicas de la Administración Pública, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y Municipal, así como las leyes de Fomento de la Cultura de la Legalidad, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas del Estado de México.
El legislador explicó que la iniciativa, enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, pretende migrar de un control intra-orgánico a un control inter-orgánico, mediante entidades ajenas a la estructura administrativa y labor de las instituciones sobre las que se realiza la vigilancia o evaluación.
Tanto la labor de control interno como la de control externo, dijo, encuentran su límite en la decisión de los órganos responsables y facultados para llevar o no a los tribunales las acciones consideradas como faltas administrativas o penales.
De esta manera, agregó, se pretende impulsar actitudes favorables de apego a la legalidad, la ética y la responsabilidad pública, además de consolidar una administración eficaz, transparente y responsable, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, misma que la ciudadanía reclama.


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