- La 59 Legislatura mexiquense fue reconocida por el titular del Poder Ejecutivo, Alfredo del Mazo Maza, por haber aprobado recientemente iniciativas en materia ambiental y de usucapión.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 13 de julio del 2018- Los diputados Miguel
Sámano Peralta y José Francisco Vázquez Rodríguez, presidentes de la Junta de
Coordinación Política y de la Diputación Permanente, respectivamente, acudieron
a la celebración del Día del Abogado, en la cual, la 59 Legislatura mexiquense
fue reconocida por el titular del Poder Ejecutivo, Alfredo del Mazo Maza, por
haber aprobado recientemente iniciativas en materia ambiental y de usucapión.
Alfredo
del Mazo firmó los decretos correspondientes, los cuales, una vez publicados en
el periódico oficial Gaceta de Gobierno, cobrarán vigencia.
Ante
Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el
mandatario dijo que los legisladores locales deben responder a las demandas
sociales con ordenamientos jurídicos de vanguardia.
Agregó
que en las y los diputados “encontramos un valioso apoyo que nos ha permitido
responder, a través del perfeccionamiento y modernización de nuestro marco
legal, al compromiso de garantizar el acceso a la justicia en la entidad. Sus
aportaciones han sido indispensables para construir y garantizar la justicia
cotidiana”.
Ante
numerosos profesionales del derecho que prestan sus servicios en las diversas
dependencias de la administración estatal, así como integrantes y dirigentes de
las barras y colegios de abogados de la entidad, Del Mazo Maza recordó que en
materia ambiental la Legislatura reformó el artículo 126 de la Constitución
mexiquense, con lo que el Ejecutivo podrá establecer regiones ambientales y, en
cada una, instalar centros integrales de residuos para mejorar la gestión de
éstos en favor del cuidado del entorno.
Conforme
a su propuesta, el Ejecutivo estatal podrá también convenir con los
ayuntamientos la asunción de las funciones que originalmente le corresponden,
así como la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos cuando el
desarrollo económico y social o la protección al ambiente lo hagan necesario.
En
relación con la reforma al Código Civil en materia de usucapión, se aprobó que
la sentencia del juicio sumario respectivo (procedimiento para regularizar la
posesión de un inmueble) no requiera ser protocolizada ante un notario público.
De acuerdo con el Ejecutivo, durante su administración se han emitido más de
seis mil sentencias de este tipo, garantizando a las familias de la entidad
certeza jurídica sobre su patrimonio.
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