- Con la iniciativa Sobre Mejora Regulatoria se fortalecerá la competitividad empresarial y se atraerán empresas que renueven el sector industrial y de servicios.
- La segunda iniciativa busca aprovechar los espacios públicos en la infraestructura vial primaria y bajo-puentes.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 2 de agosto
del 2018- Simplificar
trámites, requisitos, costos y tiempos de respuesta de las autoridades en
relación con obras, unidades económicas, inversiones y proyectos, son
propósitos de la iniciativa remitida a la Legislatura estatal por el titular
del Ejecutivo estatal, quien también presentó una iniciativa sobre el
aprovechamiento de espacios públicos en la infraestructura vial primaria y bajo-puentes.
La primera iniciativa, a la que dio lectura el diputado Abel
Domínguez Azuz, secretario de la Directiva, armoniza la legislación estatal con
la Ley General de Mejora Regulatoria, y de ser aprobada, se expedirían tres
nuevas normas: la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de
México, la Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado
de México y la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios.
Domínguez
Azuz indicó que con esta iniciativa se fortalecerá la competitividad
empresarial y se atraerán empresas que renueven el sector industrial y de
servicios, dando una mayor certeza a la inversión para consolidar al estado
como el centro logístico del país.
Para
cumplir estos propósitos, dijo el legislador, deben mejorarse las capacidades
de la administración, garantizando la gobernabilidad, la legalidad, la
eficiencia gubernamental y la rendición de cuentas. “Ofreciendo la construcción
de un Estado de México seguro, sustentable y más justo, y una economía con una
vocación social, se aumenta el bienestar de las familias mexiquenses”, aseguró.
El
proyecto, que para su estudio se remitió a las comisiones legislativas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial,
Comercial y Minero también propone reformar las leyes Orgánica de la
Administración Pública, de Competitividad y Ordenamiento Comercial, de Fomento
Económico, de Eventos Públicos, Orgánica Municipal, del Agua y de Movilidad,
así como los códigos Administrativo, de Procedimientos Administrativos, para la
Biodiversidad y Penal.
Por
su parte la diputada Ivette Topete García, vicepresidenta de la Directiva,
presentó al pleno la propuesta para aprovechar los espacios públicos en la
infraestructura vial primaria y bajo-puentes,
mediante reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México y de Bienes del Estado de México y sus Municipios, así como el Código
Administrativo del Estado de México.
En sesión del Noveno Periodo Ordinario, que encabeza el diputado
Jorge Omar Velázquez Ruíz, la legisladora indicó que esta iniciativa busca,
entre otros objetivos, homologar el Código Administrativo del Estado con la Ley
Orgánica de la Administración Pública respecto de la figura de la evaluación
técnica de incorporación e impacto vial.
Esto,
con el fin de establecer como atribución de la Secretaría de Comunicaciones el
otorgamiento de concesiones en materia de transporte masivo o de alta
capacidad, emitir los lineamientos generales para la emisión de la evaluación
técnica de incorporación e impacto vial, así como para el otorgamiento de los
permisos para espacios públicos en las vías primarias de comunicación.
También
prevé que los permisos para el uso, aprovechamiento y rehabilitación de
espacios públicos tendrán una vigencia máxima de 15 años, con la finalidad de
incentivar la participación del sector privado, y elimina la prohibición de
instalar publicidad en los puentes vehiculares y bajo-puentes con el objeto de
motivar la participación del sector privado en la rehabilitación de espacios
públicos.
La
diputada del PRI dijo que la iniciativa otorga a la autoridad las herramientas
para que realicen todas las gestiones que garanticen a la población espacios
públicos en los que las personas puedan convivir de manera armónica, generando
un bien común y fortaleciendo un derecho colectivo mediante la reducción del
índice de ilícitos en estos sitios.
Para
su análisis y estudio se remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Patrimonio Estatal y Municipal.
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