- Solicitan que rinda un informe pormenorizado de los laudos laborales, municipio por municipio.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 8 de noviembre del 2018-
Las Comisiones
Unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Legislación y
Administración Municipal de la 60 Legislatura aprobaron, por unanimidad, citar
a comparecer al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje,
Gerardo Becker Ania, el martes 13 de noviembre, para que rinda un informe
pormenorizado de los laudos laborales, municipio por municipio, detallando las
cantidades.
Esto,
como parte del análisis de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de
la Ley Orgánica Municipal de la entidad propuesta por el Grupo Parlamentario
del PT, la cual está orientada a resolver la contradicción de las reformas a la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y de Ley Orgánica Municipal, ambas
de la entidad, publicadas el 29 de septiembre de este año, las cuales
establecen que los nuevos ayuntamientos deben pagar laudos laborales debido al
incumplimiento de gobiernos anteriores.
Durante
la reunión, Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), presidente de la Comisión de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, expuso que la iniciativa de su bancada
tiene también el propósito de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a crear
una partida especial para el ejercicio fiscal de 2019 que apoye el cumplimiento
de los laudos laborales de los ayuntamientos mexiquenses.
“Los
gobiernos municipales, mayoritariamente emanados de la coalición Juntos Haremos
Historia, tendrán que pagar montos millonarios por laudos laborales de los que
no fueron responsables”, señaló.
Afirmó
que están de acuerdo en que los laudos deben ser pagados por los ayuntamientos
pero se manifestó en contra de la pretensión de trasladar a la mayoría de los
nuevos gobiernos el incumplimiento de sus antecesores en el pago de las deudas.
Por
ello, propuso citar al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
analizar la situación jurídica de cada municipio, ya que es un asunto que debe
ser incluido en el presupuesto del próximo año y se debe definir de dónde se
obtendrán los recursos para sanar las deudas.
La
diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), presidenta de las Comisiones
Unidas, se expresó a favor de la iniciativa y apoyó la realización de una mesa
de trabajo con el presidente del tribunal para que dé a conocer la situación
jurídica en la que se encuentra el tema laboral y específicamente los laudos,
por municipio, que de manera general se estima en siete mil millones de pesos,
de acuerdo con datos brindados por la secretaria del Trabajo, Martha Hilda
González Calderón, durante su comparecencia ante los diputados el mes pasado.
La
legisladora Elba Aldana Duarte (morena) lamentó que la situación se haya
analizado en la 59 Legislatura con alevosía y ventaja y pidió que el presidente
del Tribunal explique los montos de los laudos y acciones para salvaguardar los
derechos de los funcionarios entrantes, durante el desarrollo de la
investigación.
También
de morena, la legisladora María del Rosario Elizalde Vázquez dijo que debe
realizarse un análisis profundo de esta iniciativa, solicitó conocer el monto
de los laudos y promover iniciativas para que los funcionarios que tomen
recursos del erario sean castigados devolviendo lo sustraído.
La
diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES) y el legislador Benigno Martínez
García (morena) pidieron que se les notifique oportunamente de los temas a
analizar en las reuniones de trabajo y se sumaron al sentido de la iniciativa,
de citar al titular del tribunal y de respaldar a las autoridades que iniciarán
funciones el próximo mes de enero de 2019.
La
legisladora María Elizabeth Millán García (morena) urgió a analizar esta
iniciativa y respaldar a los ayuntamientos que están por iniciar funciones,
mientras que la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer, también de morena,
pidió conocer estadísticas y la situación actual de los laudos, establecer
candados para que esta situación no se repita y dar continuidad a procesos
transparentes y sin corrupción, independientemente de los partidos que
gobiernen.
Al
considerar que por tratarse de recursos públicos la iniciativa debe analizarse
de manera profunda, el diputado Margarito González Morales (morena) respaldó la
propuesta y propuso que se abrogue la reforma publicada en septiembre pasado.
En
la reunión también estuvieron los diputados Emiliano Aguirre Cruz y Nancy
Nápoles Pacheco, de morena; y Juan Carlos Soto Ibarra, del PES.
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