- Los diputados señalaron que el presidente del Tribunal ha faltado al compromiso de ampliar la información sobre el tema, asumido en su comparecencia del pasado 13 de noviembre ante la comisión correspondiente.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 30 de noviembre del
2018- La
60 Legislatura mexiquense aprobó exhortar al Ejecutivo estatal a cumplir y
hacer cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, a sancionar a los servidores públicos que no hayan cumplido con lo
establecido en el artículo 98 de esta ley y a separar del cargo al presidente
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por el incumplimiento evidente
de las responsabilidades que le exige la Ley.
Al
exhorto se agregó la petición de que esto se cumpla antes de que concluya el
año, propuesta por la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (MORENA),
quien se sumó a la iniciativa original de los diputados Luis Antonio Guadarrama
Sánchez (PT) y Emiliano Aguirre Cruz (MORENA), presidente y secretario,
respectivamente, de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad
Social.
El
documento, dispensado del turno a dictamen, apunta que el problema que
enfrentan los gobiernos municipales y el estatal en relación con miles de
laudos laborales por despidos injustificados, se debe a la falta de voluntad de
las actuales autoridades locales para resolverlo y a la inobservancia de la ley
en que han incurrido las autoridades del trabajo y el gobierno estatal.
Para
los diputados presentantes, esta negligencia y presunta prevaricación —delito
de los funcionarios públicos consistente en dictar maliciosamente resoluciones
injustas (judiciales o administrativas) o faltar a sabiendas al cumplimiento de
los deberes del cargo— “ha colocado en una situación financiera grave a las
administraciones municipales, sobre todo a las que iniciarán funciones el 1 de
enero de 2019”.
Después
de señalar que a la fecha se calculan14 mil laudos y un costo financiero que
supera los cinco mil millones de pesos sólo en el ámbito municipal, explicaron
que la ley referida, antes de ser reformada en agosto pasado, consignaba en su
artículo 98 que las instituciones públicas deberían cumplir oportunamente los
laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las indemnizaciones y demás
prestaciones a que tengan derecho el servidor público, lo que por muchos años
no se hizo ni se cumplió.
La
pregunta fundamental es: ¿por qué no actuaron antes y permitieron,
negligentemente, presidentes municipales, el presidente del Tribunal y el
titular del Ejecutivo, que el número y montos de laudos adquirieran dimensiones
descomunales?, acotaron.
Durante
el debate previo a la votación, el coordinador del PAN, diputado Anuar Azar
Figueroa rechazó la propuesta porque un exhorto no es suficiente, y llamó a
estudiar a fondo el tema para plantear una solución más amplia colaborando con
los ediles.
El
coordinador del PT, Armando Bautista Gómez, indicó que ya se analiza el tema en
comisiones y que este exhorto es puntual en la petición de cumplir la ley,
porque hasta ahora no ha sido así.
Por
MORENA, los legisladores Faustino de la Cruz Pérez y Liliana Gollas Trejo
apuntaron que antes no se atendió lo que dispone la legislación, que es
necesario velar por que los ediles salientes y entrantes cumplan efectivamente
con sus responsabilidades en este tema y que debe terminarse de manera
definitiva con este problema.
También
de MORENA, el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, se pronunció por buscar
soluciones alternativas, como las ya propuestas para que el gobierno estatal se
solidarice con el pago de los laudos o que se vendan activos de los gobiernos
municipales para allegarse de los recursos necesarios.
Después
de que el coordinador parlamentario del Verde Ecologista, diputado José Alberto
Couttolenc Buentello, hizo una precisión sobre el procedimiento legislativo en
el análisis del exhorto, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, del PT,
señaló que la Legislatura no cuenta con suficiente información, porque el
presidente del Tribunal no ha enviado todos los datos que le requirieron y que
no es justo que este problema se les traslade a los ediles entrantes.
Los
diputados presentantes aceptaron las observaciones y señalaron que el
presidente del Tribunal ha faltado al compromiso de ampliar la información
sobre el tema, asumido en su comparecencia del pasado 13 de noviembre ante la
comisión correspondiente.
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