- Solicitaron legisladores se integre la carpeta de investigación en relación a los hechos presuntamente constitutivos de violencia política de género y se atienda la posible violación de derechos políticos en contra de la ex-síndica de Jaltenco.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 8 de marzo del 2019-
La 60 Legislatura
estatal, a propuesta del diputado Tanech Sánchez Ángeles, aprobó por unanimidad
un exhorto a los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM),
Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Jorge Olvera García, respectivamente, para que
se integre la carpeta de investigación en relación a hechos presuntamente
constitutivos de violencia política de género y se atienda la posible violación
de derechos políticos en contra de la exsíndica de Jaltenco Yuritzi Jhosselin
López Oropeza.
Al
momento de hacer la propuesta en nombre del Grupo Parlamentario de MORENA,
Tanech Sánchez calificó de relevante que la Legislatura acentúe el caso como un
precedente que permita hacer de la justicia una herramienta útil para sancionar
a quien violente a otra persona, y más en el Estado de México, entidad que
ocupa el primer lugar en feminicidios en el país.
“En
este contexto, y en el Día Internacional de la Mujer, en vez de felicitar a las
mujeres les decimos que revindicamos su lucha, la respetamos y estamos
obligados a legislar en favor de la erradicación de la violencia contra las
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones; legislaremos en favor de la
igualdad y el respeto de los derechos humanos”, expresó desde tribuna.
El
caso de Yuritzi Jhosselin López Oropeza, explicó el diputado, es una muestra de
violencia política del alcalde, tesorero y secretario del ayuntamiento del municipio
de Jaltenco, Armando Ramírez Ramírez, José Luis Juárez Guerrero y Leopoldo
Payne Ramírez, respectivamente, así como de los regidores, todos ellos de la
administración de 2015-2018, tiempo en el que realizaron acciones y omisiones
destinadas a menoscabar el ejercicio del cargo público para el que la exsíndica
fue elegida.
La
diputada Beatriz García Villegas (MORENA) añadió que el fin del exhorto no es
solo visibilizar el caso, sino también es un llamado para coadyuvar con los
grupos afectados por estos problemas, y llamó a todas las personas que han sido
afectadas por la discriminación laboral y política a denunciarlo.
Sánchez
Ángeles lamentó que aun cuando diferentes ordenamientos establecen sanciones
aplicables a los funcionarios involucrados, estos dejaron sus cargos sin ser
sancionados, por lo que expresó que es necesario que el Ministerio Público
continúe con la investigación, sin omitir que los presuntos responsables
pudieron incurrir en desobediencia.
Expuso
que la violencia política de género en el caso fue reconocida por el Tribunal
Electoral del Estado de México, autoridad que dictó sentencia imponiendo a los
servidores públicos responsables la obligación de abstenerse de realizar
acciones y omisiones que menoscabaran los derechos políticos de la actora, así
como de respetar sus funciones como síndica y de permitir y proveer eficaz y
oportunamente a la actora el acceso a toda la información y documentación
relacionada con el del ayuntamiento.
Al
respecto, agregó, se ordenó al ayuntamiento que en el presupuesto municipal se
incluyeran tanto las prestaciones de la síndica, como recursos para la
contratación y pago de salario y prestaciones del personal de la sindicatura.
También
se informó de la sentencia a la Contraloría del Poder Legislativo, la
Contraloría Municipal, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social y la CODHEM, para que, en ejercicio de
sus funciones, resolvieran lo que a derecho correspondiera.
Añadió
que la Sala Superior de Toluca modificó la resolución del Tribunal Electoral
del Estado de México respecto de la sentencia mencionada, ordenando al
presidente municipal, Armando Ramírez, y al secretario del ayuntamiento,
Leopoldo Payne Ramírez, el cumplimiento de medidas de restitución, consistentes
en proveer a la actora toda la información y documentación relacionada con el
ayuntamiento; de satisfacción, relativas a ofrecer a la síndica, en sesión de
Cabildo, una disculpa pública; y de no repetición, es decir, abstenerse de
llevar a cabo actos de violencia política de género en contra de López Oropeza.
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