- El diputado Octavio Martínez, de MORENA, propuso que este delito sea considerado como grave. También planteó tipificar la retención ilegal de cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
El Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 23 de Abril del 2025.- Que el despojo sea considerado un delito grave, así como tipificar la retención ilegal de cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la colocación de adhesivos alusivos a organizaciones sociales o partidos políticos en vehículos para evadir responsabilidades administrativas y fiscales, son objetivos de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal propuesta por el diputado Octavio Martínez Vargas de MORENA.
Al compartir que en el Estado de México cada
dos horas se presenta una denuncia por despojo, el legislador explicó que esta
acción ya es considerada un delito con penas de uno a cinco años de prisión y
de 30 a 125 días multa, pero el objetivo es aumentarlas de los cinco a los 10
años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con
violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o
a través de intimidación.
Así como cuando el despojo sea
clandestinamente, aprovechando la ausencia de la persona poseedora o
propietaria legítima; con engaños o abuso de confianza; o bien cuando se haga
uso ilegítimo de la fuerza pública (sin orden judicial válida o con documentos
apócrifos).
La iniciativa también establece que, cuando
se inicie proceso y la persona denunciante acredite (mediante inscripción
registral vigente) propiedad o posesión legítima del inmueble, el Ministerio
Público deberá solicitar a la persona juzgadora de control (en un plazo no
mayor a 24 horas) la restitución inmediata y provisional de la posesión, sin
necesidad de agotar juicio civil ni esperar sentencia definitiva, a fin de
garantizar una respuesta expedita y eficaz por parte del Estado.
Además, la persona
juzgadora resolverá en un plazo máximo de 48 horas y podrá autorizar el uso de
la fuerza pública para ejecutar la restitución, la cual se ejecutaría en un
plazo no mayor a 48 horas, con auxilio de la fuerza pública, salvo que la o el
imputado acredite de forma inmediata un título registral contradictorio o
prueba fehaciente de posesión legítima.
En respuesta, el diputado Octavio Martínez
aclaró que un bien privado se estaba confundiendo con un bien público, por lo
que no se trata de despojo.
El legislador Samuel Hernández Cruz de MORENA, se sumó a la iniciativa y consideró oportuno elevar las penas por este delito
que también ha afectado a vecinas y vecinos de Tecámac.
Por el PT, el parlamentario Isaac Josué
Hernández Méndez llamó a no desvirtuar la propuesta, porque el contenido legal
es importante.
Por otro lado, el diputado Martínez Vargas
también planteó que quien, teniendo a su cargo la administración de cuotas de
seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del estado, de los
municipios o de los órganos autónomos, no cumpla con la obligación de
enterarlas al ISSEMyM, incurriría en uso ilícito de atribuciones y facultades,
con penas de seis meses a 12 años de prisión, de 30 a 150 días multa, así como
la destitución e inhabilitación.
Correspondiente al tema de
colocación de adhesivos alusivos a organizaciones sociales o partidos políticos
en vehículos, para evadir uso de placas de circulación, la verificación
vehicular o el pago de la tenencia vehicular, se impondrían de uno a tres años
de prisión.
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