- En la Semana de Valores del Servicio Público de la Contraloría del Poder Legislativo ofrecieron conferencias el magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Alejandro Sosa, y el investigador de la UAEM, Edgar Ramón Aguilera.
Toluca, Edoméx.- 11 de marzo del
2016- Al encabezar el tercer día de
actividades de la Semana de Valores en el Servicio Público, con motivo de los
25 años de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, el
titular de esta dependencia, Victorino Barrios Dávalos, convocó a las
autoridades municipales a poner mucho empeño y responsabilidad en la presentación
de sus respectivos Planes de Desarrollo, así como en las convocatorias de elección
de delegados y en la designación de cronista municipal.
Al
presentar la conferencia, “El papel del magistrado para la Justicia en México”,
impartida por el magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
Alejandro Sosa Ortiz, destacó que todos los servidores públicos deben transitar
por el camino de la justicia, con apego a la ley y respeto al ciudadano.
En su
oportunidad, en la sede del Instituto de Estudios Legislativo, en presencia del
vocal ejecutivo, Jorge Huízar Ríos, Alejandro Sosa explicó que el magistrado
siempre debe pensar antes de condenar, pues la tarea de juzgar presupone la
solución de un conflicto, en materia civil y laboral, como entre particulares,
un particular o una dependencia de gobierno.
El
también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
aclaró que en casos de incertidumbre, la legislación y la jurisprudencia le
atribuyen la carga aprobatoria a alguno de los contendientes en el conflicto y
en el caso de que alguno de ellos no logre convencer al juez con sus pruebas,
se tendrá por cierta la versión del contrario y en ese aspecto se deberá
resolver.
Por otro
lado, durante la conferencia magistral “La justicia y sus diversas
concepciones”, el investigador de la Facultad de Derecho de la UAEM, Edgar
Ramón Aguilera García, aseguró que es indispensable el desarrollo de ambientes
laborales donde impere la ética personal para erradicar la corrupción en las
instituciones públicas y privadas.
El
servicio público, agregó, debe ser entendido como “el cargo que se ocupa para
compensar las desigualdades históricamente acumuladas, y no como un botín
personal”, por lo que, explicó, en la impartición de justicia, tanto servidores
públicos como magistrados deben de contar con la virtud de desapegarse de
cuestiones económicas, personales o de intereses creados, con ello, dijo,
“tendremos personas apegadas a cánones de comportamiento que les permitan
actuar imparcialmente”.
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En
el caso de la administración de justicia, señaló que debemos de contar
con magistrados cuyas resoluciones se acoplen a la norma y tengan la
posibilidad de desarrollar la “sabiduría práctica” como la virtud del conocer
de forma profunda los casos a su cargo y las “dos versiones del hecho para
determinar sabiamente la sentencia”.
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