- La 59 Legislatura aprobó reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Orgánica Municipal.
Toluca, Edoméx.- 9 de agosto del 2018- A fin de actualizar la
normatividad en materia de justicia laboral en el sector público mediante el
mejoramiento procesal de los litigios, de las condiciones que favorezcan el
pago de laudos con protección de las haciendas municipales y la modernización
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para garantizar a las partes
involucradas justicia pronta y expedita, la 59 Legislatura aprobó reformas a la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la
Orgánica Municipal.
La
diputada Leticia Mejía García (PRI) dio lectura al dictamen de la iniciativa
presentada por el coordinador de Nueva Alianza, legislador Aquiles Cortés
López, el cual explica que la Ley Orgánica Municipal se reforma para establecer
que es atribución del ayuntamiento aprobar acciones en materia de terminación o
recisión de las relaciones de trabajo con sus empleados, así como implementar
acciones para la prevención, atención y pago de las responsabilidades
económicas derivadas de los conflictos laborales.
Adicionalmente,
deberá entregar al Cabildo, de forma mensual, la relación detallada de los
compromisos económicos derivados de litigios laborales en contra del
ayuntamiento, a fin de que se implementen los programas y acciones de
prevención, atención y, en su caso, pago de esas responsabilidades.
Las
reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios previenen la acumulación de litigios laborales e incluyen la
caducidad del juicio por inactividad procesal de 120 días, la participación de
los terceros interesados en la etapa de depuración procesal, las notificaciones
vía correo electrónico, el incidente de suspensión de salarios vencidos, la
aplicación de multas a las partes que presenten en el juicio documentos o
testigos falsos y a los titulares de los demandados que promuevan acciones
notoriamente improcedentes.
Se
refieren también a la posibilidad de que, a las funciones generales de los
servidores públicos de confianza se puedan agregar las que determinen los
reglamentos que rigen las condiciones de trabajo de cada institución pública.
Durante
la deliberación del dictamen, el diputado Abel Valle Castillo (morena) explicó
que su grupo parlamentario no comparte esta nueva definición de empleado de
confianza, la figura de suspensión de salarios vencidos ni los medios de
apremio para exigir a las instituciones y ayuntamientos el pago de laudos, por
lo que anuncio su voto en contra.
Por
el PRD, la legisladora Juana Bonilla Jaime expresó que si bien aceptan las
mejoras a los procesos, la implementación de notificaciones vía electrónica y
el uso de la firma electrónica, así como las mejoras al Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, señaló que rechazan las medidas punitivas.
Por
el PT, su coordinador, el diputado Carlos Sánchez Sánchez expresó su preocupación
por el riesgo de que la ley, antes que velar por el derecho de los
trabajadores, se emplee para perseguir a los ediles.
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