- El Grupo Parlamentario del PRD también propone que la atención en hospitales públicos sea gratuita.
Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 13 de marzo del 2019- A nombre del Grupo
Parlamentario del PRD en la 60 Legislatura, su coordinador, el diputado Omar
Ortega Álvarez, presentó al Pleno dos iniciativas para despenalizar la
interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que el Estado
proporcione, en hospitales públicos, atención gratuita y segura a las mujeres
que lo soliciten.
El
documento señala que la penalización del aborto es una medida excesiva que,
lejos de proteger los derechos de las mujeres a la salud, la no discriminación,
a una vida sin violencia, a la intimidad, a la libre decisión sobre el
espaciamiento y número de hijos y a la educación sexual y reproductiva, es
“totalmente ineficaz para prevenir la incidencia del aborto clandestino y la
disminución del riesgo de muerte por complicaciones”.
Los
propósitos de la iniciativa requieren reformar el Código Penal y el Código
Administrativo del Estado de México. En el primer caso, se trata de establecer,
en el artículo 248, la definición de aborto como “la interrupción del embarazo
después de la décima segunda semana de gestación”, con lo cual, explica el
documento, de manera implícita se considerará que, si ocurre antes de ese
periodo, se trata de “interrupción legal del embarazo” sin que sea
criminalizada.
En
consecuencia, la reforma implicaría la precisión de que las penalidades
alcanzarán a quien “provoque la muerte del producto de la concepción después de
las doce semanas de embarazo” y no, como actualmente lo señala el Código, al
que lo haga “en cualquier momento del embarazo intrauterino”.
Al
respecto, el diputado Ortega Álvarez explicó que con esto no se elimina el tipo
penal, sino que dentro de la tipificación se señala, claramente, cuándo existe
y cuándo no.
Una
adición al artículo 251 establecería, por otro lado, que los médicos tendrán la
obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz,
suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y
efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes para que la mujer
pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable”.
El
legislador destacó que para su bancada, conformada también por las diputadas
Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón, “es una realidad que nos ha
alcanzado y que tenemos que atender de manera urgente”.
Recordó
que hace más de una década, la Ciudad de México despenalizó la interrupción del
embarazo y desde entonces se han practicado 184 mil abortos legales sin que se
haya registrado ninguna muerte; de esos, 48 mil han sido de mujeres
mexiquenses; manifestó que ahora corresponde al Estado de México retomar la
cuestión de manera amplia y abierta, sin subjetividades ni criterios
religiosos, porque es un tema objetivo que tiene que ver con la salud de las
mujeres.
Aludió
también la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
sentido de que “no existe justificación lógico-jurídica que permita establecer
que el embrión menor de doce semanas es un individuo o persona que pueda
anteponerse a los derechos de las mujeres y restringir estos”.
El
PRD no está a favor del aborto, expuso, mucho menos en contra de la vida, sino
a favor de garantizar el derechos de las mujeres, y buscamos que el Estado se
haga responsable de la atención de la mujeres. “No queremos una mujer presa por
abortar o muerta por decidir”.
En
este sentido, la propuesta del PRD se refiere a la obligación de las
instituciones públicas de salud de garantizar los servicios de interrupción
legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad, solo en los
supuestos en que las causales son excluyentes de responsabilidad penal.
Ello
implicaría reformas y adiciones a los artículos 2.16, 2.22 bis y 2.22 Ter al
título tercero del Libro Segundo del Código Administrativo, entre las que
destaca además la inclusión de la figura de ‘objetor de conciencia’ para el
médico que por sus convicciones personales o religiosas se excuse de intervenir
en el procedimiento, pero las instituciones del sistema estatal de salud deben
garantizar la disponibilidad de personal no objetor de conciencia.
A
nombre de MORENA, la diputada Nancy Nápoles Pacheco se pronunció a favor de la
despenalización y la legalización del aborto en la entidad, para que las
mujeres tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y ejerzan
su derecho a decidir, y dijo que los diputados de morena reconocen que el
derecho al aborto es una causa de justicia social como respuesta a un problema
de salud pública que no ha tenido atención.
Aseguró
que los diputados de MORENA están comprometidos con ampliar la democracia, la
cual implica el libre ejercicio de cada derecho humano para hacer realidad la
igualdad sustantiva, y apuntó que el Estado laico es la base para la
elaboración de políticas públicas que respondan a las necesidades de la
población.
Del
mismo grupo parlamentario, el legislador Mario Gabriel Gutiérrez Cureño se
manifestó de acuerdo en modificar la ley con este propósito, pero puntualizó
que el tema está relacionado con políticas públicas “que van más allá” y que
tienen que ver con educación, información y prevención promovidas por el
Estado, “para evitar llegar a estos límites, y quien tenga que hacerlo, que sea
de forma segura”.
La
legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), señaló que los diputados
están para dar soluciones viables a la ciudadanía. Agregó que el derecho de las
mujeres a la libertad sobre su cuerpo es incuestionable y atendible, y “no
hablamos de temas religiosos o de no modificar la ley, sino de ser
responsables, de crear un contexto social que permita tomar decisiones con
responsabilidad”; pidió regular acciones de educación, cultura y salud para
garantizar que las mujeres sepan las consecuencias de la práctica de un aborto.
El
coordinador parlamentario del PT, diputado Armando Bautista Gómez, solicitó
sumarse a la iniciativa a título personal. “No es a favor del aborto, sino de
despenalizar a la mujer”, acotó, y opinó que “tenemos una ley medio machista”,
ya que “la concepción se hace entre dos personas y nunca henos visto que
también se señale a los varones”.
Las
iniciativas serán analizadas y dictaminadas por las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales; de Procuración y Administración de Justicia; de Salud,
Asistencia y Bienestar Social, y para la Igualdad de Género, que emitirá su
opinión.
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