- La iniciativa que busca ampliar derechos de la comunidad LGBTTTIQ, señala que las penas se aumentarán hasta en una mitad si la víctima es parte de grupos vulnerables o tiene relación con el inculpado, avalaron Comisiones Legislativas.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 24 de septiembre del 2020- Penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 500 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual y derivado de estos se afecte su integridad física o psicológica, aprobaron por unanimidad las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género de la LX Legislatura.
De
acuerdo con la reforma, que se ha trabajado con colectivos como Fuera del
Clóset y la Red de Defensores de la Diversidad Sexual, las penas se aumentarán
hasta en una mitad si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de
edad, con discapacidad, adultas mayores, privadas de la libertad o que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o cuando la víctima
sea ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, tutor, cónyuge, concubino o
concubinario del inculpado, además de que en ambos casos el delito se
perseguirá de oficio.
El
dictamen incorpora el título ‘Delitos contra el libre desarrollo de
personalidad y la identidad sexual’ al Código Penal en el que define las
terapias de conversión como aquellas prácticas consistentes en sesiones
psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia
física, moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles, inhumanos o
degradantes que afecten la autodeterminación sexual de las personas.
En
reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por
la diputada María Mercedes Colín Guadarrama del GPPRI), en presencia de los
diputados Maurilio Hernández González del GPMORENA y Miguel Sámano Peralta del
GPPRI, presidente y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, la
legisladora Beatriz García afirmó que las terapias de conversión transgreden
los derechos humanos y principios legislativos internacionales y nacionales,
además de que agradeció los aportes de las bancadas del PRI y del PAN, así como
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
El
diputado Juan Maccise Naime del GPPRI) se manifestó a favor de la inclusión de
las personas sin distinciones ni discriminación, en tanto que la diputada
Claudia González Cerón del GPPRD elogió el reconocimiento e integración de las
personas con una preferencia sexual diferente y la legisladora María Luisa Mendoza
Mondragón del GPPVEM reconoció avances, pero señaló que aún existen pendientes
con ese sector de la población, mientras que los diputados José Antonio García
García del GPPAN y Carlos Loman Delgado, cuestionaron la redacción final de la
reforma respecto a su aplicación práctica.
En
la reunión, en la que participó Francisco Fierro Sosa, director general
jurídico y consultivo de la FGJEM, las legisladoras Brenda Escamilla Sámano,
Karla Leticia Fiesco García e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del PAN, y
el diputado Carlos Loman se abstuvieron de votar el dictamen de la iniciativa,
el cual se presentará ante el Pleno legislativo para su aprobación final.
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