- Fue hasta que llegaron varios reporteros al Ministerio Público para presionar que se logro la liberación de la compañera del gremio.
Redacción/El
Escarlata.
Atizapán de
Zaragoza, Edoméx.- 30 de noviembre del 2016- Mientras
realizaba la cobertura de un desalojo en Atizapán, una
reportera del diario Reforma fue víctima de
policías
de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México
(CES) y agentes de la Procuraduría estatal. quienes
la humillaron, golpearon,
le
robaron
su equipo de trabajo y la
intimidaron.
Iris
Velázquez llevaba a cabo sus actividades periodística cuando los
elementos policiacos la detuvieron y la trasladaron al Ministerio
Público de Tlalnepantla, a pesar de que se había identificado como
reportera. En el sitio, pidió auxilio a un hombre que ostentaba en
su vestimenta el cargo de Fiscal de la Procuraduría mexiquense, sin
embargo, el funcionario le respondió con burlas y le ordenó no
mirarlo a la cara.
Un
persona que trabaja ahí en la Fiscalía le escupió la cara, le dio
tres bofetadas y hasta le dijo ¡te pones los zapatos al revés! “A
ver, hija de la chingada, tú aquí no tienes derechos. A mí me vale
que seas quien seas, hija de tu puta madre”, me dijo y mi
credencial la agarraban, me la enseñaban y decían: reportera
pendeja. Y me escupían”, denunció la periodista a través de su
periódico.
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| Este es uno de los policías agresores |
Durante
más de dos horas Iris
Velázquez
sufrió vejaciones, robo, maltrato y golpes de parte de policías y
empleados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México. “Dijeron que hasta que se hiciera la puesta a disposición
podía hacer una llamada”, señaló.
Hasta
que hubo presencia de medios en el Ministerio Público, la reportera
fue liberada y pudo hablar por el celular de un compañero. Sin
embargo, la coordinadora del Ministerio Público, Marilú Peña,
mintió y dijo que ella estaba libre y sólo esperaba para hacer una
denuncia por robo.
La
Redacción del Escarlata condena
y lamenta las expresiones de violencia encontrá
de las
y los periodistas. Estas
expresiones cuartan el derecho de libre expresión en el
País y en el Estado de México,
e impiden que se informe a la ciudadanía del actuar de las
autoridades.
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