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Plantea el PT reconocimiento constitucional del derecho de los servidores públicos a la seguridad social y a mejores pensiones


  • El objetivo de esta iniciativa es que se reconozca en la Constitución Política estatal el derecho de los servidores públicos estatales y municipales a la seguridad social y que las pensiones se rijan con base en el criterio de beneficios definidos denominado Sistema Solidario de Reparto.

Reporte/Escarlata
Toluca, Edoméx.- 28 de julio del 2019- Para que se reconozca en la Constitución Política estatal el derecho de los servidores públicos estatales y municipales a la seguridad social y que las pensiones se rijan con base en el criterio de beneficios definidos denominado Sistema Solidario de Reparto, el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del PT, presentó ante el pleno de la 60 Legislatura una iniciativa de reforma a la ley máxima de la entidad.

A través de la adhesión de un cuarto párrafo al artículo 5º de la Constitución Política local, explicó el diputado, se podrá establecer que el Estado garantice el derecho a la seguridad social a los trabajadores a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), que brindará los servicios y prestaciones oportunas y eficientes.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el diputado criticó que con la reforma de pensiones de 1997 se hayan dejado los fondos para el retiro de los trabajadores en manos de instituciones financieras particulares llamada “afores”, y que eso constituyó el empobrecimiento de las pensiones, ya que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha informado que en México se pagarán las peores pensiones vía afores y que no rebasarán el 27% del último salario.
“A esta pensión miserable se enfrentará en 2021-2022 la primera generación de afores, gracias a la política pensionaria que privilegió en interés del capital privado por encima de los derechos de millones de trabajadores”, recalcó el diputado, quien agregó que en 2018 la mayoría de los países que privatizaron su sistema público de pensiones entre las dos últimas décadas del siglo pasado y hasta 2014, revisaron y revirtieron la privatización.
En contraste, elogió que la 60 Legislatura abrogara la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios aprobada en 2018, ya que consideró que era contraria a los intereses de los trabajadores, con un profundo sentido de privatización y anulaba el sistema solidario de reparto.
El diputado detalló que, como resultado de cuatro foros organizados por el Grupo Parlamentario del PT en la 60 Legislatura se concluyó que las afores no garantizan mejores pensiones para los trabajadores, que el sistema privatizador favorece la concentración de capital a costa del empobrecimiento de los empleados y que no puede darse ninguna reforma de pensiones sin conocer las verdaderas causas de la descapitalización cíclica que desde hace 20 años se repite en el ISSEMyM.
También resaltó que se coincidió en que es necesario limpiar al Instituto de ineficiencias, posibles desvíos de recursos y corrupción; que debe tomarse muy en serio el agotamiento neoliberal en materia pensionaria y no cometer atropellos irreparables a los trabajadores, y que la privatización de las pensiones favorece el aumento de la corrupción, lo cual significa prácticamente robarles sus ahorros a los trabajadores.
Para su análisis y discusión, la iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
  

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