- Acusa
MORENA que el Programa de Apoyo al Desempleo operó con opacidad y anomalías, mientras
que el GPPAN aseguró que el edoméx tiene 792 mil mexiquenses desempleados y el
PES señaló que el estado mexiquense se encuentra entre los 10 con las tasas más
altas de desempleo.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 30 de octubre del 2020- Legisladoras
y legisladores recriminaron a la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González
Calderón, que los empleos para las y los mexiquenses, y en particular para la
juventud, son pocos y mal remunerados, y criticaron la operación del Programa
de Apoyo al Desempleo; que no se active la ley correspondiente; el outsourcing;
el trabajo infantil y el poco respaldo a trabajadores por despidos
injustificados durante la pandemia generada por el covid-19.
Durante
la comparecencia de la funcionaria por la glosa del tercer informe del
gobernador Alfredo del Mazo Maza, diputados de Morena, PAN, PT, PRD, PVEM, PES
y sin partido coincidieron en que las cifras presentadas no corresponden a la
realidad del Estado de México y que la pandemia agravó la situación de desempleo
en la entidad, aunque antes ya había índices que mostraban la ausencia de
políticas públicas orientadas a generar desarrollo económico, mientras que el
PRI cuestionó si se ha brindado capacitación ante el próximo inicio del nuevo
modelo de justicia laboral.

El
diputado Tanech Sánchez Ángeles de MORENA, subrayó que la pandemia aceleró la
crisis económica, particularmente el desempleo, porque el gobierno no cuenta
con políticas para tener programas estructurados de largo plazo, y enfatizó que
de enero de 2018 a marzo de 2020 la entidad ha ido acumulando tasas de
desempleo superiores a la media nacional (5% y 2.9%, respectivamente), lo cual
demuestra un evidente fracaso en la política laboral.
También
señaló opacidad y anomalías en el Programa de Apoyo para el Desempleo y recordó
que el gobierno de Alfredo del Mazo no respondió el exhorto emitido por la
Legislatura para conocer detalles al respecto, lo que le hace presumir que los
250 millones de pesos destinados a ese programa pueden ser usados para sostener
la estructura de un partido político en el inicio del proceso electoral.
La
legisladora María de Jesús Galicia Ramos, también de MORENA, señaló que, de
acuerdo con el sector privado local, la informalidad representa casi 80% de las
unidades económicas, que el Inegi reporta 225 mil menores realizando algún tipo
de actividad económica y que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres de
32%, aún con las mismas actividades y horarios.
Por lo anterior, preguntó cuáles son las estrategias para
recuperar los empleos perdidos durante la pandemia y cuál es el rezago en los
asuntos que llevan las juntas de Conciliación y Arbitraje, y advirtió que
revisarán a detalle el Programa de Apoyo al Desempleo para transparentar cada
peso de los mexiquenses.
En
representación del PRI, la diputada Lilia Urbina Salazar resaltó que la
Legislatura estatal fue la primera del país en aprobar la reforma para
implementar el nuevo sistema de justicia laboral, que ahora dependerá del Poder
Judicial, por lo que preguntó si el personal de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo se encuentra capacitado para afrontar sus nuevas atribuciones.
Por
otro lado, al señalar que de acuerdo con el INEGI hay 792 mil mexiquenses
desempleados y permanece la brecha salarial entre hombres y mujeres, la
diputada Crista Amanda Spohn Gotzel del
GPPAN, cuestionó a la secretaria sobre la política pública para apoyar a los
empresarios y cómo actualizar el modelo del ICATI para continuar fomentando la
capacitación para el trabajo a distancia a través de los medios digitales.
En
su intervención, el diputado Armando Bautista Gómez recordó que el grupo
parlamentario del PT propuso prohibir el outsourcing por tratarse de un régimen
de subcontratación que infringe el principio de progresividad en materia de
derechos de los trabajadores, por lo que preguntó si existe esa modalidad
laboral en la Secretaría del Trabajo, cómo se verifica que no se violen los
derechos de trabajadores durante la pandemia y si el Programa de Apoyo al
Desempleo brinda soluciones.
Del
PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar cuestionó las razones por las cuales
la entidad se ubica entre los primeros estados con más desempleo, por qué, ante
la contingencia laboral derivada por la pandemia el gobernador no aplicó la Ley
de Desempleo y qué pasará con el personal de las juntas de Conciliación y
Arbitraje cuando inicien funciones los centros de conciliación y los tribunales
laborales estatales.
En
su turno, la legisladora María de Lourdes Garay Casillas del PES dijo que en
julio de este año el Estado de México se ubicó entre las primeras diez
entidades con mayor tasa de desempleo, al estimar medio millón de personas sin
empleo formal e informal. Preguntó sobre el incremento de las demandas
laborales por despidos injustificados y lamentó que el Programa de Apoyo al Desempleo
solo beneficiara a 50 mil personas.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón del PVEM, cuestionó
cuántas de las defunciones por covid-19 en la entidad corresponden a
trabajadoras y trabajadores que estaban por jubilarse y cuáles son las acciones
para salvaguardar la salud de las y los empleados, si la Secretaría verificará
las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo y cómo evitarán
abusos en las jornadas laborales durante la contingencia.
En
su intervención, el legislador sin partido Carlos Loman Delgado preguntó sobre
los resultados de los programas de esta Secretaría en el contexto de la
pandemia de covid-19, cuántos casos relacionados con violencia o acoso laboral
hacia las mujeres se han registrado en las juntas de Conciliación y Arbitraje y
si los despidos injustificados han afectado el derecho a la vivienda de los
trabajadores.

Al
responder los cuestionamientos de las y los legisladores, la secretaria Martha
Hilda González dijo que el Estado de México fue una de las seis entidades que
empezaron a generar nuevos empleos —19 mil 600 entre julio y septiembre—, que
por la pandemia cerraron 75% de los establecimientos, pero que ocho de cada
diez ya abrieron de nuevo, que el Programa de Apoyo al Desempleo benefició a 50
mil personas del sector formal e informal, mientras que la Ley del Seguro de
Desempleo no se activó porque no se dieron los supuestos para echarla a andar,
además de señalar que se apoyó a 30 mil empresas con cerca de 211 millones de
pesos que permitieron la conservación de 260 mil empleos.
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