- “El financiamiento de Antorcha es legal y sometido a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nacimos como grupo organizado”, aseguró el Legislador Federal Brasil Acosta Peña.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 26 de agosto del 2020- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, “se vale
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para continuar el linchamiento
mediático y la persecución política en contra de integrantes del Movimiento
Antorchista, en venganza porque hemos criticado los pésimos resultados del
gobernador morenista de Puebla; es inminente que MORENA pierda las elecciones
en esa entidad”, denunció el diputado federal antorchista Brasil Acosta Peña en
videoconferencia conjunta con Juan Celis Aguirre, dirigente antorchista en esa
entidad.
En
Puebla, “la organización ha evidenciado la mala gestión del gobierno, que
incluye el incremento de la pobreza, la violencia e inseguridad y la fallida
estrategia en la atención de la pandemia por el Covid-19 que ha colocado a
Puebla dentro de los estados donde hay más víctimas de la enfermedad. Antorcha
no es la única organización que exige resultados al gobernador, como lo
demuestra la bajísima evaluación de Barbosa entre los poblanos, pero en vez de
corregir y resolver los problemas que cada día se acumulan, el gobernador se ha
enfocado a perseguir políticamente a quienes considera sus enemigos, que
incluye a partidos políticos, universitarios, organizaciones y comunicadores”,
denunció Juan Manuel Celis.
“Estamos
ante una condenable venganza política de un gobernador emanado de Morena, una
persecución absolutamente ilegal contra mexicanos de oposición, a la que no
debe prestarse la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra instancia
del gobierno federal”, concluyó Celis Aguirre.
Ayer,
la UIF emitió dos boletines en donde hace alusión a que han sido congeladas las
cuentas de “una organización” que opera en el Estado de México, así como que
“se han congelado las cuentas de sus líderes en el Estado de México y en
Puebla, pero en ninguno de los textos menciona por su nombre a la organización
ni a persona alguna”.
“Los
referidos boletines son una forma de eludir la violación al debido proceso en
que incurriría Santiago Nieto y la UIF, de ventilar oficialmente los datos
personales en los medios de comunicación”, sostuvo el diputado Brasil Acosta
Peña, quien advirtió que esa violación a las leyes entraña un grave peligro
para las libertades de todos los mexicanos.
Sin
embargo, es “evidente la maniobra para filtrar posteriormente esos datos a la
prensa y que los medios escriban el nombre del Movimiento Antorchista y los
nombres propios de algunos integrantes de la organización que no son
mencionados en los boletines de la UIF, lo cual evidentemente representa un
linchamiento público y una violación a nuestros derechos constitucionales, pues
no
hay
de por medio ninguna prueba de las acusaciones, ni hay un procedimiento legal
que nos involucre. Son acusaciones lanzadas para causarnos el mayor daño moral
posible y desacreditarnos políticamente”, sostuvo.
Dejó
en claro que la actividad financiera del Movimiento Antorchista es legal,
pública y siempre ha estado fiscalizada por las autoridades. “Nuestra
independencia económica no es una vergüenza sino un modelo para hacer política
a favor de los mexicanos más pobres, sin depender del erario”, agregó.
“La
UIF y Barbosa Huerta buscan paralizar la actividad financiera que sostiene las
actividades políticas del Movimiento Antorchista, como es el transporte,
alimentación, vestido y vivienda de sus miles de activistas; se busca acallar y
frenar así a un competidor electoral que es muy crítico de los numerosos
errores de la actual administración y tiene un peso social que es definitivo en
las elecciones en varias entidades del país”, concluyó Juan Celis.
Por
su parte, Brasil Acosta, concluyó que “el objetivo de esta campaña de
linchamiento y represión es confundir a los mexicanos sobre el origen del
financiamiento de nuestra organización para eliminar a un competidor electoral
con mucha presencia entre el pueblo. Nuestra actividad financiera es pública,
legal y sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que
nacimos como grupo organizado. No hay nada qué ocultar ni perseguir, somos un
grupo de mexicanos que generan recursos para su actividad social y política; no
hay nada ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a menos que
los gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos políticos de este
país. Llamamos a todos los mexicanos a oponerse a la persecución política que
hoy nos hace víctimas a nosotros, pero mañana puede dirigirse contra cualquier
mexicano, lo que abriría el paso a una dictadura”.
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