- Legisladores de MORENA proponen sanciones de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 hasta 200 días-multa al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género.
Toluca, Edoméx.- 25 de junio
del 2020- Sanciones de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de
trabajo comunitario y de 50 hasta 200 días-multa al que promueva, ofrezca,
imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier
tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de
género, propuso a la 60 Legislatura la diputada Beatriz García Villegas, en
nombre del Grupo Parlamentario de morena.
La
iniciativa para reformar el artículo 211 del Código Penal del Estado de México,
leída por el diputado Valentín González Bautista del GPMORENA como miembro de
la Diputación Permanente, también establece que la pena se incrementaría al
doble si el afectado es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor,
sujeto privado de la libertad o quien, por cualquier circunstancia, no pudiera
resistirse.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica la iniciativa, ha establecido
que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de
libertad y a la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las
circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias
opciones y convicciones.
Con
este fundamento, y lo referido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales respecto a la no discriminación, la iniciativa señala necesaria la
sanción por la aplicación de las denominadas “terapias de conversión”.
Estas
últimas, continúa el documento, son prácticas que buscan “corregir, eliminar,
modificar o revertir” la orientación sexual, la expresión o identidad de género
de las personas, mediante pseudo tratamientos psicológicos o religiosos que
abarcan, desde golpes, medicación, abstinencia sexual, privación ilegal de la
libertad, electrochoques, sesiones de terapia psicológica, negación de
alimentos, amenazas, los castigos físicos, abuso emocional o psicológico, hasta
violaciones multitudinarias “correctivas”, lo que abona a la criminalización y
el estigma hacia dicho sector poblacional.
En
su mayoría, expone la iniciativa, dichas prácticas provienen de organizaciones
con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, y los resultados
que arrojan están colmados de prejuicios sociales, porque no las ofrecen
clínicas especializadas, sino “cursos o talleres” manejados en la informalidad,
violentando la libre determinación de las personas.
Para su análisis, la iniciativa fue remitida a las Comisiones
Gobernación y Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de
Procuración y Administración de Justicia.
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