- En la primera sesión en la historia de la 60 Legislatura mexiquense que se realiza a distancia por la pandemia de COVID-19, se presentó la iniciativa que busca que se disponga de manera expresa la participación de la mujer en la vida política del estado.
Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 10 de junio
del 2020- Sentar las
bases para la prevención, atención, sanción y reparación del daño de la
violencia política por género contra las mujeres; garantizar la paridad de
género en las tribunas políticas y electorales, así como tomar las medidas
pertinentes para el goce efectivo de los derechos políticos en igualdad de
condiciones entre mujeres y hombres, son propósitos de la iniciativa de reforma
a la Constitución Política estatal y a diversos ordenamientos, formulada por
las diputadas Karina Labastida Sotelo y Mariana Uribe Bernal, en nombre del
Grupo Parlamentario de morena.
La
iniciativa, presentada en la primera sesión en la historia de la 60 Legislatura
mexiquense que se realiza a distancia por la pandemia de COVID-19, y leída por
la diputada Mónica Álvarez Nemer (morena), presidenta de la Diputación
Permanente, busca que se disponga de manera expresa la participación de la
mujer en la vida política del estado, específicamente en instituciones como la
Legislatura, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto y el Tribunal
electorales, los organismos autónomos y los ayuntamientos, para garantizar la
protección integral de los derechos humanos y lograr la igualdad de género.
Las
reformas y adiciones se realizarían en la Constitución, la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Electoral, la Ley de la
Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de México, así como a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
De
igual manera se pretende que ello suceda también en los partidos políticos, en
donde las ciudadanas puedan participar en su formación y afiliarse libre e
individualmente a ellos, así como que en los procesos electorales no solo
postulen a candidatos, sino también que puedan ser mujeres quienes ocupen
distintos cargos de elección popular, en igualdad de condiciones.
Entre
las modificaciones propuestas están el establecer facultades explícitas del
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del
Estado de México (TEEM) para solicitar y otorgar medidas de protección a favor
de las mujeres víctimas de violencia política; constituir la obligación de las
personas aspirantes y candidatas de abstenerse de ejercer violencia política
contra las mujeres en razón género, y fijar el procedimiento especial
sancionador para casos de violencia política de género contra las mujeres.
Se incluye además la obligación de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México de compartir la información de que disponga para alimentar
la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón
de género; actualizar la definición de violencia política contra las mujeres y
ampliar las conductas que la expresan, entre otras.
La
iniciativa subraya que no obstante que las mujeres forman más de 50% de la
población mexiquense, la participación femenina en la vida política del Estado
de México aún no es equitativa, ya que existe una brecha de 1.4% en cuanto a
diputaciones y un 90.4% en las presidencias municipales, además de que de las
regidurías y las sindicaturas solo 39.9% y 24.8%, respectivamente, son ocupadas
por mujeres.
Pese
a ser reconocidos constitucionalmente los derechos políticos de las mujeres,
explica la propuesta, la realidad a la que se enfrentan es “de violencias, de
puertas que se cierran y de obstáculos”, además de que la violencia política,
al igual que las demás violencias, se encuentra normalizada e invisibilizada,
lo cual constituye un obstáculo para que las mujeres accedan al ejercicio pleno
de sus derechos políticos.
“Hoy
en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Derechos que se han visto aún
más violentados, a pesar del visible incremento en su participación y
representación política, es decir, a pesar de que las mujeres ganan día con día
mayores espacios de decisión, el incremento de la violencia continua”, explica
el documento.
La
violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u
omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una
mujer por ser mujer (en razón de género) y que tiene un impacto diferenciado en
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio
del cargo, y puede incluir además violencia física, psicológica, simbólica,
sexual, patrimonial, económica e incluso llegar a la violencia extrema, la
feminicida.
La
iniciativa de las diputadas Karina Labastida y Mariana Uribe, a la cual se
suscribió la legisladora Brenda Escamilla Sámano (PAN), fue enviada para su
discusión y análisis a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales,
Electoral y de Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género.
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