- La ley busca garantizar el derecho de la población a la atención médica, establecer las responsabilidades de las autoridades respectivas y fortalecer la coordinación institucional.
El Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 10 de Abril del 2026.- La LXIII Legislatura estatal aprobó expedir la Ley de Salud del Estado de México, con el fin de garantizar el derecho de la población a la atención médica, establecer las responsabilidades de las autoridades respectivas y fortalecer la coordinación institucional en este rubro.
El dictamen conjuntó 15 iniciativas
presentadas por los grupos parlamentarios —morena (tres), PVEM (dos), PT (una)
y un ciudadano, PAN (dos), PRI (una), MC (tres) y PRD (dos)— y una de la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para dar paso a una Ley con la que el Estado
de México no contaba desde 2001.
El nuevo ordenamiento, de aplicación
obligatoria en los sectores público, social y privado de salud, abroga el Libro
Segundo del Código Administrativo de la entidad, relativo a la materia. Se
orienta a mejorar la calidad de los servicios de salud; fortalecer las acciones
de promoción y prevención de enfermedades; y ampliar el fomento, regulación y
control epidemiológico y sanitario.
Además, garantiza el enfoque integral
del derecho a la salud en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora
y paliativa; y dispone la creación del Sistema Estatal de Salud como mecanismo
de coordinación en la materia, a fin de facilitar políticas públicas
transversales, consolidar la prestación de servicios e impulsar mecanismos de
colaboración interinstitucional.
El dictamen respectivo, detalla que la
ley avalada se integró con las propuestas de las diputadas Jennifer Nathalie
González López y María del Carmen de la Rosa Mendoza, y del legislador Esteban
Juárez Hernández, de morena; de las bancadas del PVEM, MC y PRD, coordinadas
por los parlamentarios José Alberto Couttolenc Buentello, Juan Manuel Zepeda
Hernández y Omar Ortega Álvarez, respectivamente.
También se incluyen de la diputada Ana
Yurixi Leyva Piñón (PT), junto con el ciudadano Juan Eduardo Salazar López; la
congresista María Mercedes Colín Guadarrama (PRI); y las diputadas Emma Laura
Alvarez Villavicencio y Krishna Karina Romero Velázquez (PAN), todas suscritas
por su coordinador, el parlamentario Pablo Fernández de Cevallos. De igual
manera, considera la iniciativa presentada por la mandataria.
La parlamentaria del PAN, Emma Alvarez
lamentó la incorporación de la interrupción del embarazo como un servicio
público, cuando lo que corresponde al Estado es proteger la vida.
La nueva norma, que entrará en vigor una vez que sea promulgada por la titular del Ejecutivo estatal y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dispone acciones específicas para la atención conjunta al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis; de las emergencias obstétricas y condición materno perinatal; la prestación de servicios para la interrupción del embarazo; y el cuidado de las infancias y adolescencias, así como de las personas adultas mayores para un envejecimiento sano, entre otras.
Asimismo, reconoce, por primera vez,
los derechos de las personas usuarias y de los pacientes con un catálogo
robusto de derechos, incluidos el trato digno, el consentimiento informado, la
confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y
el acceso a medicamentos.
El ordenamiento identifica como grupos
de atención prioritaria por enfrentar dificultades para hacer efectivo su
derecho de acceso a la salud, a las personas adultas mayores; mujeres y
personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad;
personas en situación de calle; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ (lésbica,
gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y más);
personas migrantes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como
víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
Por otra parte, se fundamenta en
principios como la gratuidad en el sector público; calidad; humanismo (empatía
y trato digno y respetuoso hacia los usuarios); interés superior de la niñez;
perspectiva de género; progresividad (mejoramiento continuo del sistema de
salud); universalidad (todas las personas son titulares del derecho a la
salud); justicia social (reducción de la brecha entre quienes tienen acceso y
quienes han sido marginados de estos servicios); atención etaria (adaptada a
las necesidades de salud según grupos de edad); y sostenibilidad (asegurar la
prestación de servicios de salud a las generaciones futuras).
Aparte, en observancia de los
principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera, se establece
que la estructura organizacional operará con recursos humanos, materiales y
presupuestales actuales, sin generar cargas adicionales.
En la deliberación del dictamen, la congresista Emma Alvarez solicitó eliminar de la norma el capítulo dedicado a la interrupción del embarazo, mientras que su compañero, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, planteó suprimir lo relacionado con la objeción de conciencia del personal de salud que atienda estos servicios. (Ambas peticiones fueron rechazadas).
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