- Congresistas reconocen beneficios de los programas del
GEM para la población.
- Demandan más transparencia, mejor cobertura y evitar uso clientelar.
Reporte Escarlata
Cámara de Diputados, Edoméx- 11 de Octubre del 2024.- Congresistas de morena, PT y PVEM de la LXII Legislatura
mexiquense reconocieron la política social de la gobernadora Delfina Gómez
Álvarez, pero congresistas del PRI, PAN, MC y PRD expusieron la importancia de
transparentar los programas sociales, garantizar su acceso a personas en
situación de pobreza y evitar su uso con fines político-electorales.
Al continuar el análisis del informe de la
gobernadora, el legislador Maurilio Hernández González de morena, presidente de
la Directiva, advirtió la relevancia de la Secretaría de Bienestar del Gobierno
del Estado de México (GEM), porque su materia es prioridad de la Soberanía
popular.
En su comparecencia, Juan Carlos González
Romero, titular de esta dependencia, destacó que el gobierno ha emprendido una
cruzada contra la desigualdad y la marginación, con programas sociales que no
son dádivas, sino herramientas de empoderamiento, desarrollo y justicia social,
y presumió que 60 de cada 100 pesos del presupuesto de egresos se destinan al
desarrollo social y al bienestar.
Por morena, el parlamentario Edmundo Luis
Valdeña Bastida dijo que el desarrollo social es la responsabilidad de brindar
el acceso a servicios básicos de calidad, y cuestionó cómo revertir la pobreza
extrema y cuántas mujeres esperan beneficiar;
Mientras que la
legisladora María José Pérez Domínguez preguntó en qué consiste el ejercicio de
transversalidad para mejorar los resultados y qué acciones han implementado,
pues señaló que la gobernadora hace el esfuerzo de ampliar la cobertura de los
programas.
Al puntualizar que programas como Mujeres con
Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Servir para el Bienestar han sido fundamentales
para reducir la desigualdad y la inclusión social, la parlamentaria Martha
Azucena Camacho Reynoso del PVEM señaló que cada peso destinado a los programas
es un compromiso con la dignidad humana e interrogó cómo los programas llegan
sin intermediarios.
Del PT, la diputada Yareli
Anai Esparza Acevedo enfatizó que las mujeres son el centro de la política
social; preguntó cómo mejorar la selección de beneficiarias y de los criterios
de elegibilidad; y consultó sobre acciones para facilitar el acceso a internet
de mujeres en situación de pobreza, y si habrá apoyo a padres solteros en esta
condición.
Tras compartir que en la entidad habitan
siete millones 400 mil personas en situación de pobreza, la parlamentaria
Leticia Mejía García del PRI, planteó contar con una plataforma actualizada
para conocer los programas sociales y exponer las áreas de oportunidad del
programa Mujeres con Bienestar; además, exhortó a crear la Secretaría de
Asuntos Indígenas y beneficiar a la población indígena, originaria, afroamericana
e inmigrante.
En nombre del PAN, la congresista Rocío
Alexia Dávila Sánchez respaldó los programas mientras observen principios de
transparencia y subsidiariedad y sean temporales y evaluados, pero cuestionó
por qué el programa Jóvenes con Bienestar atiende solo al 0.11% del total de
personas jóvenes y por qué se duplican apoyos.
La legisladora Ruth Salinas Reyes del MC, pidió
que los programas se apeguen a la normatividad, se transparenten y no se usen
con fines electorales y políticos; consultó por qué el padrón de beneficiarios
de menores indígenas aumentó a 16 mil cuando presentó anomalías en 2023 y cómo
evitar que los programas se vuelvan clientelares, e invitó al funcionario a
giras de trabajo por municipios con población originaria.
Finalmente, la diputada Araceli Casasola
Salazar del PRD, criticó el clientelismo y la cobertura de los programas, así
como la ejecución de sus reglas de operación y la actualización y confiabilidad
de los padrones; y acusó que el apoyo económico es insuficiente y que al parecer
las despensas son del proveedor del pasado.
En respuesta, el secretario enfatizó que
quien cumpla con los requisitos de tiempo y forma establecidos en las
convocatorias públicas y abiertas puede acceder a los programas, aunque
compartió que se recibieron 1.5 millones de solicitudes, lo que duplicó la
capacidad de respuesta por el presupuesto asignado, por lo que se ha
privilegiado la entrega a personas en condición de pobreza y que las demás
están en listas de espera.
Al recalcar que el
compromiso del gobierno es disminuir la pobreza y las desigualdades sociales,
subrayó que se acabaron las personas intermediarias, que ningún programa tiene
fines electorales y sus reglas de operación son públicas y difundidas, pero
admitió que su alcance durante todo el sexenio dependerá del presupuesto
autorizado por el Congreso local y que se necesita redoblar esfuerzos para
abatir las carencias sociales; e indicó que los programas son inclusivos y los
evaluará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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