Avalan Legisladores reformas históricas contra la violencia política de género


  • Más mujeres podrán ocupar cargos públicos y personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021, entre las reformas.

Reporte Escarlata
Toluca, Edoméx.- 17 de agosto del 2020- Por unanimidad, la 60 Legislatura avaló un paquete de seis reformas propuestas por los grupos parlamentarios de MORENA, PAN y PRD en contra de la violencia política hacia las mujeres y para garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses.

Al leer el dictamen en tribuna, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Mariana Uribe Bernal, calificó este día como histórico para las mexiquenses y para el Estado de México, porque se ha abierto una puerta para romper paradigmas y que más mujeres ocupen cargos públicos, además de que se exige detener la violencia política a través de los trabajos de la Legislatura de la Paridad de Género.
En tanto, la presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida Sotelo, afirmó que con las reformas aprobadas, “hacemos factible la paridad de género formal, impulsamos la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito público”.
Con estas modificaciones se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, se elimina el lenguaje sexista de la Constitución, se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas.
De igual manera, se reforman otros ordenamientos para que no ocupen cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual, y la Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021.
Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
Las iniciativas fueron presentadas por las y los legisladores Karina Labastida y Mariana Uribe, en nombre de Morena; Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García, Anuar Roberto Azar Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN; Araceli Casasola Salazar y Omar Ortega Álvarez, en nombre del PRD, e integrantes de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
El documento fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género y en el análisis participaron también representantes de los colectivos 50+1 capítulo Estado de México, Red Mujeres en Plural, Red Rompe el Miedo, Asociación de Mujeres Abrazando México, Red de Abogadas Feministas y otros de la sociedad civil, magistradas, juezas y consejeras en materia electoral.
Con esto se modifican y adicionan la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México.


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